El Gobierno de México ha dado a conocer un plan gradual para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con la meta de alcanzar este objetivo en 2030.
La implementación de dicho plan estará iniciando en 2026 con una jornada de 46 horas, bajando gradualmente hasta llegar a las 40 horas en 2030.
Dicho proceso, de acuerdo al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Martí Bolaños López, necesita tiempo dado a la complejidad de los ajustes necesarios para garantizar un impacto positivo en la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.
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Este es el plan de implementación
El plan señala los siguientes pasos:
- 2026: Jornada de 46 horas.
- 2027: Baja a 44 horas.
- 2028: Reduce a 42 horas.
- 2029: Reduce a 41 horas.
- 2030: Entrada en vigor total a 40 horas.
Cabe señalar que el propósito de dicho enfoque gradual es asegurar que tanto las empresas como los trabajadores puedan adaptarse sin causar grandes dificultades.
De acuerdo a Bolaños López, “la reducción de jornada debe ejecutarse de forma gradual, con cambios y adecuaciones de gran calado y muy significativas”.
Estos serían los beneficios
La STPS menciona estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los cuales indican que una jornada laboral más corta puede mejorar la productividad por medio de la disminución de la fatiga, errores, accidentes, ausentismo y conflictos entre la vida personal y laboral.
Estos factores podrían beneficiar tanto a los empleados como a las empresas, promoviendo un ambiente laboral más saludable y eficiente.
Estas son algunas reacciones de la industria privada
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo mención de su preocupación por la implementación de una reforma tan amplia en un contexto económico desafiante.
Coparmex indicó que cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo debe construirse por medio del diálogo responsable y basado en datos.
El organismo aseguró que México enfrenta una marcada desaceleración económica, niveles altos de informalidad (más del 54.5% de la población ocupada), así como una baja productividad laboral, la más baja entre los países de la OCDE.
Además sugirió la necesidad de excepciones razonables para ciertas actividades que necesiten diferentes esquemas, esto para evitar impactos negativos que puedan traducirse en pérdida de empleos o aumento en la informalidad.