Gran indignación causó el caso de una abuelita pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien fue obligada por BBVA Bancomer a acudir en camilla a una sucursal en Oaxaca para comprobar su identidad y así poder cobrar su pensión, negada durante seis meses por una supuesta falla en el registro de identidad biométrica.
BBVA no reconoce su rostro y le niega la pensión
El caso de Fidelia Vásquez Nuño ha causado el descontento de las personas en redes sociales y ya ha sido denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por presuntos actos deshumanizantes cometidos por la institución bancaria.
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El banco, a través de su sucursal ubicada en la colonia Reforma, se ha negado a liberar el pago argumentando que la aplicación de biometría facial no puede verificar su identidad, ignorando por completo el cambio natural en los rasgos físicos que conlleva la edad.
“Dicen que la aplicación de identidad del banco no acredita los rasgos faciales de mi madre, sin tomar en cuenta que ella no es la misma que hace años, cuando presentó su registro; ya tiene 96 años”, expresó su hijo, Gilberto Ayala.
En ambulancia y con camilla
La familia de la señora Fidelia tuvo que contratar una ambulancia y movilizar una cama hospitalaria para llevarla físicamente al banco, debido a que su movilidad está limitada. A pesar de este acto indigno, BBVA siguió negando el pago de la pensión y exigió más requisitos para validar la identidad de la adulta mayor.
Su hija, Ernestina Ayala, calificó lo ocurrido como un acto “inhumano” por parte de BBVA y anunció que presentarán una denuncia formal por las violaciones a los derechos humanos de su madre.
“Nos pasan de oficina en oficina y nadie puede dar respuesta… justifican primero que la identidad no está precisa, aunque se entregaron todos los documentos probatorios”, reclamó.
Hasta ahora, las autoridades financieras y de derechos humanos no han emitido una resolución definitiva sobre el caso, aunque la denuncia ya fue formalizada ante la Condusef, la CNDH y la DDHPO.