Comunidades campesinas e indígenas de Veracruz y San Luis Potosí exigieron al Congreso de la Unión que cumpla con la promesa de prohibir el fracking en el país, una técnica de extracción que —según especialistas— no sólo es económicamente inviable, sino que agrava la crisis hídrica y representa un riesgo grave para la salud pública.
Durante el foro “Fracking en México, riesgos, impactos y resistencias”, realizado en el Congreso de la Unión, organizaciones civiles y científicos de México y Estados Unidos coincidieron en que esta práctica “debe prohibirse de manera definitiva”.
Acompañado de una exposición fotográfica sobre sus impactos, el encuentro reunió voces que denunciaron que, pese a los compromisos del gobierno, los planes estratégicos de Pemex para 2025–2035 aún contemplan la exploración en yacimientos no convencionales.
Te podría interesar
“La evidencia científica es contundente. Más de 2,500 estudios muestran que todos los métodos de fracking son peligrosos. Ninguna tecnología puede hacerlo seguro”, afirmó la bióloga Sandra Steingraber, quien participó en la prohibición del fracking en Nueva York.
“Les dirán que el agua estará segura, que el fracking no afecta las aguas subterráneas. No les hablarán de los niños que han tenido que silenciar para mantener esa mentira”, advirtió la termógrafa texana Sharon Wilson.
El geólogo Luca Ferrari, investigador de la UNAM, explicó que la producción estimada de gas y petróleo mediante fracking apenas cubriría “el 2.5 por ciento del consumo nacional”, además de representar un gasto de entre 33 y 60 por ciento del presupuesto de Pemex para 2025. “Si realmente se busca la soberanía energética, el dinero debería invertirse en transporte público y en una industria enfocada en las necesidades básicas de la población”, sostuvo.
Los legisladores de Morena y del PT respaldaron el llamado de las comunidades y anunciaron que presentarán una iniciativa de ley para prohibir la fractura hidráulica en todo el territorio nacional.
“El compromiso se debe concretar. No puede haber más retrasos”, señalaron durante el foro. La Alianza Mexicana contra el Fracking subrayó que los daños ambientales en regiones como el norte de Veracruz —donde los derrames y fugas petroleras son constantes—, deben ser asumidos por el Estado y no por las comunidades rurales.
“Es momento de cumplir con el mandato popular y proteger el agua, la salud y el futuro del país”, concluyeron los organizadores.