Un dramático operativo de inmigración en Fontana, California, mantuvo en vilo a la comunidad latina esta semana, donde Roberto José Reyes, un nicaragüense de 35 años con orden de deportación, se encerró durante seis días en su vivienda junto a su esposa y tres hijos menores, en un intento desesperado por evitar su expulsión de Estados Unidos.
Según relató el propio Reyes, todo comenzó el 30 de julio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron arrestarlo. En declaraciones a medios locales, el hombre afirmó que los oficiales chocaron su camioneta por detrás para detenerlo, lo que lo llevó a huir hacia su casa, donde su familia lo esperaba.
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"Vi a hombres encapuchados y me asusté. Si fueran realmente de ICE, habrían mostrado una orden judicial", declaró Reyes, quien admitió tener una orden de deportación desde 2024 pero alegó desconocer los motivos.
Acusaciones cruzadas
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó a Reyes como "peligroso delincuente" por antecedentes penales (incluyendo agresión con arma letal y alteración del orden público), sus vecinos y activistas denunciaron tácticas intimidatorias por parte de las autoridades.
En videos virales se ve a agentes rodeando la vivienda mientras Reyes, desde dentro, les gritaba: "¡No me voy a entregar! ¡Tengo a mis hijos aquí!". La policía intentó negociar durante días, pero la familia se negó a salir.
Finalmente, Reyes se entregó voluntariamente tras seis días de resistencia. Aceptó cargos por alteración del orden público, pero su caso reavivó el debate sobre:
- Métodos de ICE: ¿Fue excesivo el uso de fuerza inicial?
- Derechos de familias mixtas: Su esposa es residente legal; sus hijos, ciudadanos estadounidenses.
- Políticas de deportación: ¿Debe priorizarse la unidad familiar en estos casos?
Organizaciones proinmigrantes ya preparan recursos legales para evitar su deportación, argumentando que su historial penal no incluye delitos graves. Mientras, ICE insiste en que cumple con los protocolos establecidos para deportar a un supuesto criminal peligroso para la sociedad.