La Casa Blanca volvió a colocarse en el centro del debate político luego de que Donald Trump anunciara la firma de una orden ejecutiva que incluye un apartado que ordena al Departamento de Justicia dar prioridad a investigaciones y sanciones relacionadas con la quema de la bandera estadounidense durante manifestaciones públicas.
Aunque la Suprema Corte estableció en 1989 que este acto forma parte de la libertad de expresión, la administración Trump considera que, en ciertos contextos, puede derivar en violencia colectiva y alteraciones graves al orden social.
Quemar una bandera de EU ya es un delito
Según el mandatario, estas disposiciones generan vacíos legales que facilitan la reincidencia delictiva y aumentan la inseguridad en diversas comunidades.
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En la argumentación oficial se sostiene que ultrajar este símbolo nacional constituye una ofensa “provocativa y hostil” hacia la unión política que sostiene los derechos y libertades del país.
Por ello, la directriz establece un año de cárcel sin posibilidad de reducción de condena para quienes incurran en estas acciones. Asimismo, prevé sanciones adicionales para ciudadanos extranjeros, entre ellas la revocación de trámites migratorios y la eventual deportación.
Durante el anuncio, Trump criticó el fallo de la Corte Suprema que protegió la quema de la bandera bajo la Primera Enmienda, calificándolo como un precedente “triste” y carente de visión sobre los peligros actuales.
Preservar símbolos nacionales
Aseguró que estos actos no solo polarizan a la sociedad, sino que desatan reacciones colectivas difíciles de contener, lo que refuerza su decisión de endurecer las medidas legales.
Con esta orden ejecutiva, el republicano busca proyectar firmeza en materia de seguridad y justicia con la necesidad de preservar los símbolos nacionales como parte de la cohesión interna de Estados Unidos. Para sus críticos, no obstante, la estrategia abre un nuevo frente de controversia en torno a los límites de la libertad de expresión y la intervención federal en gobiernos locales.