GOBIERNO DE EE. UU.

Trump firma decreto para expulsar a 'homeless' de las calles de Estados Unidos

El presidente firmó una orden ejecutiva que refuerza el poder de estados y municipios para retirar a personas sin hogar de los espacios públicos, condicionando los fondos federales al cumplimiento de políticas más restrictivas

Orden ejecutiva en contra de las personas sin techo.
Orden ejecutiva en contra de las personas sin techo.Créditos: internet
Escrito en GLOBAL el

La administración del presidente Donald Trump ha trazado una nueva línea de acción para atender la crisis de indigencia urbana en Estados Unidos. No quiere ver 'homeless' en las calles

El jueves, el mandatario firmó una orden ejecutiva que otorga mayor margen a las autoridades estatales y locales para desalojar a quienes viven en la vía pública.

Trump no quiere a 'homeless'

La medida federal busca centralizar el combate a este fenómeno a través de un reordenamiento presupuestal. Se plantea canalizar recursos económicos hacia instituciones especializadas en adicciones, a la vez que se fomenta una política de cero tolerancia hacia el uso abierto de estupefacientes, la ocupación no autorizada de espacios públicos y el merodeo en zonas residenciales y comerciales.

Uno de los elementos más polémicos de la directiva consiste en exigir al fiscal general que revoque decisiones judiciales pasadas que limitan la facultad de intervención de los gobiernos locales, al tiempo que se pone fin a antiguos acuerdos legales que restringen los desalojos masivos en espacios públicos.

La intención es facilitar una actuación más rápida por parte de las autoridades municipales frente a campamentos callejeros.

Adicionalmente, el documento firmado estipula que se dará prioridad en el otorgamiento de subvenciones federales a aquellas jurisdicciones que demuestren una aplicación activa de estas normas, así como un monitoreo preciso de personas en situación de calle con antecedentes penales, en particular delitos sexuales.

Aunque la orden ejecutiva ha sido recibida con respaldo por sectores que demandan mayor control del espacio público, también ha generado críticas de organizaciones civiles que advierten sobre una posible criminalización de la pobreza.