La imagen no puede ser más contrastante: por un lado, miles de inmigrantes viven con miedo a ser deportados, por el otro, inversionistas sonrientes que se han lanzado detrás de una gran tajada de un enorme pastel: 45 mil millones de dólares en los próximos cuatro años para aumentar su capacidad de encarcelamiento para aquellos que llegaron a Estados Unidos en busca de esperanza.
Es una inversión son precedentes para el engranaje central en la máquinaria de deportación de Donald Trump es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y es mucho más que simplemente aumentar el número de camas para los inmigrantes detenidos… es poder, es un río de dinero que corre a gran velocidad.
Se estima que el 90 por ciento de esa población penitenciaria, que actualmente roza los 60 mil, está en celdas de centros manejados por un puñado de empresas privadas que monopolizan el boyante negocio carcelario estadounidense.
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Casualmente, muchas de esas empresas fueron importantes donantes a la campaña presidencial de Trump y tienen lazos estrechos con algunos de los miembros más influyentes de la actual Administración. Ahora, su apuesta por la cruzada antimigrantes de Trump está a punto de darles unos dividendos históricos. Ya en febrero el CEO de CoreCivic, una de las dos principales empresas del sector, deletreaba sin matices su entusiasmo.
“He trabajado en CoreCivic por 32 años, y este es realmente uno de los periodos más emocionante de mi carrera en la compañía”, dijo Damon Hinninger en una llamada con inversionistas. Y agregó una predicción: “Anticipamos oportunidades de crecimiento significativas, tal vez el crecimiento más significativo en la historia de nuestra empresa durante los próximos años”.
Para una empresa que en 2024 reportó ingresos de casi 2 mil millones de dólares —el 30 por ciento de ello procedente de contratos con el ICE—, el nuevo presupuesto para aumentar la capacidad de detención, que hace parte de la megaley fiscal aprobada a inicios de este mes, es la cristalización de esa predicción que Hinninger hizo en febrero.
Aunque en realidad el camino empieza más atrás. CoreCivic y el otro gigante de las prisiones privadas, GEO Group, donaron millones de dólares a la campaña de Trump y los republicanos; tanto que GEO Group fue el primer contribuyente en alcanzar el máximo permitido a mediados de 2024.
Aunque, como es la costumbre de las grandes empresas en Estados Unidos, también aportaron algo de dinero a la campaña demócrata, GeoGroup y CoreCivic en la práctica pusieron sus huevos casi exclusivamente en la canasta republicana.
De acuerdo con el grupo independiente Open Secrets, que se dedica a rastrear informes oficiales, de los 3.7 millones de dólares que contribuyó GeoGroup, 92 por ciento fue para los republicanos; CoreCivic, por su parte, donó 785 mil dólares, de los que 96 por ciento fue a las arcas del partido de Trump.
Además, cuando se oficializó la victoria de Trump, ambas empresas dieron 500 mil dólares a su comité inaugural. Pero incluso antes, en medio de la presidencia de Joe Biden, GEO Group plantó semillas que ahora está cosechando, acercándose a personas que hoy tienen cargos fundamentales en la Administración de Trump.
Tom Homan, el actual zar de la frontera, encargado principal de la misión especial de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia” que se prometió tanto en la campaña, fue consultor para la empresa, según demuestra un contrato que sólo se hizo público este año.
Asimismo, Pam Bondi, la actual fiscal general del país, fue lobbyista de la empresa en 2019, un poco después de que se uniera a la defensa de Trump en su primer impeachment