El reciente desastre natural en Texas ha dejado a su paso más que lodo y escombros: también ha sembrado dudas sobre la capacidad institucional de respuesta ante fenómenos climáticos extremos.
La repentina crecida del río Guadalupe, que sorprendió a decenas de comunidades durante la madrugada del 5 de julio, generó una crisis que muchos consideran prevenible. Más de 120 víctimas mortales alimentan hoy la controversia sobre el impacto de las decisiones políticas en materia de seguridad climática.
Trump y las inundaciones de Texas
Mientras Donald Trump prepara su arribo al estado, crece el cuestionamiento hacia su política de recortes en agencias federales clave.
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En febrero, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, despidió a cientos de empleados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), incluidos técnicos y científicos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Esta drástica reducción de personal no sólo generó vacíos operativos, sino que dejó sin cubrir puestos clave en áreas de pronóstico regional.
Aunque el exmandatario rechaza cualquier vínculo entre sus políticas y el saldo mortal de las inundaciones, expertos señalan que la merma en la capacidad tecnológica y humana limita severamente la precisión y oportunidad de las advertencias climáticas.
Aseguran ausencia de información clara
Si bien las alertas fueron emitidas, muchos pobladores aseguran no haber recibido información clara ni con el tiempo suficiente para evacuar o protegerse.
Especialistas en meteorología coinciden en que anticipar la magnitud exacta de lluvias repentinas es una de las tareas más complejas en la ciencia del clima.
Sin embargo, advierten que sin inversión en sensores satelitales, modelado de datos y cobertura territorial, la fiabilidad de los pronósticos podría deteriorarse a medida que los eventos extremos se vuelvan más frecuentes debido al calentamiento global.