El presidente Donald Trump recibió este viernes 27 de junio una victoria clave en su agenda política. La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, resolvió que los jueces federales no pueden bloquear de manera nacional las órdenes ejecutivas del presidente, limitando así el alcance de los tribunales inferiores.
El fallo no activa inmediatamente su propuesta de negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes indocumentados, pero sí abre la puerta legal para futuros intentos de implementación.
Te podría interesar
El caso gira en torno a una de las órdenes más polémicas de Trump: restringir el derecho a la ciudadanía automática para bebés nacidos en territorio estadounidense de padres sin documentos.
Aunque varios jueces en Maryland, Massachusetts y Washington habían detenido la medida por considerarla inconstitucional, la Corte Suprema determinó con seis votos a favor y tres en contra que estos tribunales no tienen autoridad para emitir bloqueos con efectos nacionales, sino solo para las partes involucradas.
Un fallo con consecuencias más allá de Trump
Esta decisión reconfigura el equilibrio de poderes en Estados Unidos, al reducir la capacidad del Poder Judicial de frenar órdenes presidenciales de forma inmediata y general. En palabras de la jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria:
El Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacer cumplir la ley; de hecho, a veces la ley se lo prohíbe.
Por su parte, la jueza liberal Sonia Sotomayor lanzó una crítica contundente en su voto en contra, acusando a la Corte de "jugar el juego del Gobierno" y de permitir que se esquiven principios constitucionales.
La mayoría ignora si la orden ejecutiva es legal. Esa omisión es grave. Esta decisión es una invitación abierta para que el Ejecutivo aplique políticas inconstitucionales.
¿Qué significa esto ahora?
Aunque la orden de Trump sobre la ciudadanía no entrará en vigor todavía, el fallo sienta un precedente legal poderoso. Trump celebró la decisión como una “gran victoria” y prometió que ahora podrá implementar varias medidas que antes estaban detenidas por tribunales.
Organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) advirtieron que seguirán luchando en los tribunales para frenar cualquier intento de aplicar una política que consideran “ilegal y cruel”.
Este fallo no solo marca un punto de inflexión en el debate migratorio, sino que redefine los límites del control judicial sobre el poder presidencial, abriendo un capítulo tenso para la democracia estadounidense.