Donald Trump redefinió la crisis del fentanilo en Estados Unidos. La decisión coloca a esta sustancia en el mismo nivel de respuesta que peligros no convencionales, con el objetivo de acelerar acciones del Estado y cerrar espacios a las redes que la fabrican y distribuyen.
El decreto firmado en la Casa Blanca introduce un marco excepcional. Desde ahora, los casos vinculados a este compuesto enfrentarán castigos reforzados y criterios de sentencia más estrictos. La instrucción central es clara: priorizar procesos judiciales y elevar consecuencias para quienes participen en su cadena ilegal.
Fentanilo, arma de destrucción masiva
En el frente económico, la orden amplía el alcance contra el dinero. Las dependencias encargadas de la política exterior y fiscal deberán inmovilizar recursos y sancionar a entidades que faciliten la elaboración, traslado o venta del opioide y de los insumos que lo originan. La intención es asfixiar financieramente a las estructuras que lo sostienen.
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El componente de seguridad también se expande. El Departamento de Guerra evaluará el envío de capacidades adicionales al sistema de justicia cuando existan escenarios de emergencia asociados a este riesgo. Además, se actualizarán protocolos de reacción ante incidentes químicos para incorporar esta amenaza específica.
En materia de control interno, Seguridad Nacional deberá mapear rutas, células y esquemas de contrabando mediante inteligencia especializada en peligros de alta letalidad. El enfoque integra prevención, detección y respuesta, con coordinación interinstitucional.
Durante el anuncio, el presidente sostuvo que el impacto humano del opioide supera al de explosivos convencionales, aludiendo a cifras anuales de fallecimientos que conmocionan al país. El decreto describe a la sustancia como más cercana a un agente químico que a un estupefaciente común y advierte sobre su posible uso en ataques concentrados.