La Organización Nacional para la Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) advirtió que podría haber movilizaciones en Tamaulipas si las autoridades federales y estatales implementan operativos de decomiso contra vehículos de procedencia extranjera conocidos como autos “chocolate”, tras la abrogación del decreto federal que permitía su regularización.
Benito Villela Sáenz, coordinador estatal de ONAPPAFA, aseguró que los decomisos no son una solución al problema y reiteró que la organización mantiene confianza en que la Presidencia de la República atenderá la demanda ciudadana para dar continuidad a un programa de nacionalización con tarifas económicas.
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El dirigente adelantó que en los próximos días la ONAPPAFA presentará una propuesta formal ante la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia, con la intención de retomar un esquema de nacionalización similar al decreto anterior, pero con tarifas accesibles para las familias mexicanas.
Uno de los principales obstáculos, explicó, es el anexo 22 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que establece una lista de valores estimados para la importación definitiva de vehículos, lo cual puede elevar impuestos hasta 70 o 75 mil pesos, haciendo inviable el proceso para muchos propietarios.
Villela Sáenz destacó que la propuesta de ONAPPAFA busca eliminar esa lista de precios y considerar el valor factura real del automóvil, lo que abarataría el trámite de nacionalización y lo haría más accesible.
Mientras tanto, admitió que existe incertidumbre entre los más de 120 mil propietarios de vehículos de procedencia extranjera que no alcanzaron a regularizar sus unidades antes de que el decreto expirara, y que temen ser objeto de decomisos en sus desplazamientos por la entidad.
Aunque, hasta el momento no existe una orden oficial para ejecutar operativos de aseguramiento, la sola posibilidad ha encendido las alarmas entre familias que dependen de estos vehículos para su actividad diaria.
No queremos llegar a manifestaciones, pero si no hay respuesta, se tendrían que valorar otras opciones, pues el decomiso sería un golpe directo a la economía familiar y no es la solución al problema