Con 26 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó reabrir las cuentas públicas del periodo 2016-2021 para investigar si el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca destinó recursos estatales al pago de su defensa legal.
El dictamen instruye a la Auditoría Superior del Estado a revisar contratos y comprobantes relacionados con los despachos de Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, que habrían recibido 46.3 millones de pesos por asesorías jurídicas.
Los legisladores que impulsaron la medida, de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, señalaron que el dinero público no puede usarse para “cubrir defensas personales” del exmandatario.
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De acuerdo con los promoventes, Coello Trejo asumió la representación del panista en denuncias penales y en el proceso de desafuero, mientras que Gil Zuarth, exsenador y cercano colaborador, fungió como asesor en controversias constitucionales que beneficiaban directamente a Cabeza de Vaca.
“El Congreso no puede permitir que recursos públicos se utilicen de manera facciosa. La Auditoría debe indagar a fondo y, en su caso, fincar responsabilidades”, sostuvo en tribuna el diputado Eliphaleth Gómez Lozano.
La resolución se respalda en las facultades de la Constitución local que permiten abrir ejercicios fiscales anteriores cuando existen denuncias de irregularidades graves. Si se confirma el desvío de recursos, los involucrados podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.