El caso de los exfuncionarios de Tamaulipas investigados por un presunto desvío millonario de recursos en materia de salud abrió un nuevo capítulo en los procesos de rendición de cuentas en la entidad.
Autoridades estatales confirmaron que se formalizaron acciones legales contra siete personas vinculadas a una posible trama de corrupción que habría operado en los ejercicios fiscales de 2017 y 2018.
Los 7 exfuncionarios de Cabeza de Vaca
La Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través de su dirección jurídica, detalló que se han presentado 70 denuncias en total, de las cuales 14 son de carácter penal, relacionadas con el quebranto al erario estimado en más de 343 millones de pesos. Estas acciones fueron turnadas a instancias como la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría estatal y el Congreso local.
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Según los hallazgos derivados de auditorías recientes, las anomalías se concentraron en la asignación de contratos a dos compañías del ramo hospitalario: PERMART y JOSER, que habrían recibido convenios por encima de 500 millones de pesos. Los representantes legales de dichas empresas fueron identificados como Julio César Carmona Angulo y Carlos Alejandro Romero Guerra.
En la lista de los exfuncionarios señalados figuran el exmandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, además de colaboradores de alto nivel como Horacio García Rojas Guerra, Alejandro Aguilar Poegner y Román Castillo Airola.
Todos ellos son acusados de haber incurrido en delitos relacionados con el uso indebido de atribuciones y el manejo de recursos de origen ilícito.
Aún no hay detenidos
Hasta el momento, no se han registrado detenciones, y los implicados no han ofrecido declaraciones públicas. Las autoridades recalcaron que los procedimientos siguen en curso y que el seguimiento judicial determinará la posible responsabilidad de cada uno.
Este proceso se suma a una serie de investigaciones en torno a la administración anterior, donde se presume la existencia de un patrón sistemático en la adjudicación de contratos públicos.