La Comisión Especial del Congreso de Tamaulipas para el análisis y seguimiento de denuncias por presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Salud, durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2021), acordó el martes pedir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la apertura y revisión extraordinaria de las cuentas públicas de 2017 y 2018.
Durante la sesión realizada en la Sala de Comisiones Independencia, los legisladores analizaron un informe de la ASE que reconoció tener conocimiento de ocho denuncias penales presentadas este mes por la Secretaría de Salud ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Auditoría señaló que, tras revisar sus archivos, “no se identificaron elementos que relacionen las denuncias con responsabilidades derivadas de auditorías ordinarias” y precisó que los casos están en revisión para determinar si involucran recursos fiscalizables.
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El diputado Víctor Manuel García Fuentes argumentó que la fiscalización de esos años fue “limitada y superficial”, debido a la “falta de independencia y posible conflicto de interés” del entonces auditor superior, cercano al gobernador en turno, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Señaló que esa situación dejó “vacíos significativos” que impidieron detectar irregularidades en su momento. “Es necesario que la comisión impulse una investigación integral que permita subsanar las deficiencias de la fiscalización previa, detectar y documentar irregularidades, y resarcir el daño al erario”, expresó García.
El legislador propuso presentar una denuncia formal ante la ASE para que, con base en los artículos 76 de la Constitución local y 48 a 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, se practique una revisión a fondo de los ejercicios 2017 y 2018, se emita un informe específico y se determinen las responsabilidades correspondientes. La propuesta fue aprobada con seis votos a favor, uno en contra y una abstención.
La comisión advirtió que estas acciones buscan “esclarecer los hechos ocurridos, delimitar responsabilidades y garantizar medidas correctivas que eviten la repetición de prácticas que dañen el patrimonio público y la confianza ciudadana”.