Más del 70% del Senado de la República votó a favor el nuevo dictamen por el que se expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En los cambios a esta ley, se obligará la presentación de la CURP para las personas físicas y el RFC para las personas morales que deseen un servicio de internet. También, los proveedores de servicios estarán obligados a entregar información de sus usuarios a las autoridades y acceder a la localización de dispositivos móviles sin una orden judicial.
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Nueva ley de Telecomunicaciones registrará a quien desee tener Internet
A pesar de que el nuevo dictamen aprobado para modificar la Ley de Telecomunicaciones asegura que la "libertad de expresión no será objeto de persecución judicial" y que las comunicaciones privadas no serán violadas, ahora será obligatorio identificarse para tener un proveedor de internet y, si las autoridades lo desean, harán búsqueda de dispositivos sin una orden judicial.
Además, se obliga a los concesionarios a no desechar la información de sus usuarios por 24 meses, que será requisable por las autoridades cuando lo soliciten dentro de un plazo no mayor a 24 horas.
El dictamen aprobado contiene poco menos de 300 artículos y 32 disposiciones transitorias, en donde se desaprece en forma definitiva el Instituto Federal de Telecomunicaciones; esto no sorprende a nadie, pues ya en 2024 se había anunciado por la Cámara de Diputados.
Ahora, se tendrá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se encargará de coordinar y regular los servicios de comunicación y radiodifusión. También, se aprobó una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La CRT será un órgano desconcentrado, que tendrá independencia operativa y técnica, conformada por cinco comisionados que propondrá el líder del Ejecutivo Federal y serán ratificados por el Senado; éste último será el encargado de dictar las resoluciones regulatorias.
El enfoque social que promueve la nueva ley es garantizar el acceso a internet de banda ancha en zonas marginadas y que beneficiará a más de 15 millones de mexicanos. Además, reforzará el apoyo a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, con este dictamen se elimina la propuesta para bloquear de manera temporal las plataformas digitales, aunque se prohibirá a todo servicio de radiodifusión, transmitir propaganda política de gobiernos extranjeros.
De otros países, solo se podrá informar sobre contenidos turísticos, culturales o deportivos. Y buscarán limitar a los gobiernos extranjeros para influir en los asuntos internos del país por medios de comunicación nacionales.
Habrá sanciones a las empresas que violen esta regulación y, dado que se canceló la cláusula que buscaba bloquear plataformas, "se elimina cualquier suspicacia de censura”.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Senador de Morena, aseguró que no es una herramienta de control, “pero nada es más falso que este argumento, porque esta ley no espía, no persigue y no censura”. El interés debe ser para toda la comunidad, agregó y se habrá de garantizar que el Internet y la comunicación sirvan al pueblo.
En el PT, Lizeth Sánchez García, atajó con firmeza que este cambio es un paso fundamental para un México más inclusivo, justo y más conectado, al combatir la desigualdad digital. Por su parte, Waldo Fernández González, del PVEM, expresó que esta reforma permite al Estado que el acceso universal del internet se garantice para toda la población y colocará a México como un país conectado, que permitará una transformar en la política social y pública para el beneficio de los ciudadanos.
Se aseguró reiteradamente que no habrá espionaje ni persecución, así como tampoco censura de ninguna clase, en donde se continuará “el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio... en términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables”.