La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción confirmó que un juez vinculó a proceso al ex alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Uso Indebido de Atribuciones y Facultades. De resultar culpable, podría enfrentar hasta 18 años de prisión.
“En continuación de audiencia inicial celebrada en el municipio de Nuevo Laredo, en fecha 12 de julio de 2025, el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, vinculó a proceso a Enrique “N”, ex servidor público de municipio de Nuevo Laredo”, reza un comunicado de la Fiscalía publicado su páginas oficiales web y de redes sociales.
El juez ordenó a Enrique “N” que se entregue a la justicia en un plazo no mayor de 48 horas, pues deberá enfrentar su juicio en la cárcel. “Se impuso al mencionado la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso, al comprobarse que existe un riesgo de sustracción alto, estableciendo el juzgador el término de 48 horas para que dicho ex servidor público se someta voluntariamente a los efectos de la medida cautelar”, agrega el comunicado de la Fiscalía.
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En los casos en que los acusados no se entregan a la justicia por orden de un juez, se les declara en desobediencia de una orden judicial, lo que puede resultar en cargos por desacato, multas, prisión, o ambas. Además, el juez puede tomar medidas para hacer cumplir la orden, incluso a través de la fuerza pública.
También se otorgó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un plazo de tres meses, hasta el 13 de octubre de 2025, para que realice una investigación complementaria y aporte mayores pruebas contra Enrique “N”.
A Enrique “N” se le imputan los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, derivado de una compraventa de un bien inmueble realizada para la construcción de un Centro de Convenciones por el monto total de 66 millones 702 mil 144 pesos.
El juez considera que la transacción se realizó en contravención y sin satisfacer los requisitos establecidos en las Leyes correspon- dientes, causando un perjuicio patrimonial al erario municipal.
El terreno se ubica en una zona junto al río Bravo, donde presuntamente se construiría un Centro de Convenciones, algo que jamás ocurrió.
Además, en el proceso también se acusa a Rafael Pedraza Domínguez, entonces su suplente como alcalde, socio político y prominente figura del Partido Acción Nacional, de donde emanó Enrique “N” y quien aparece como representante legal de la empresa que vendía el terreno.