La violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, sigue alcanzando niveles estremecedores. Más allá de los secuestros tradicionales, las autoridades han detectado un patrón particularmente alarmante: secuestradores que mantienen cautivas a jóvenes embarazadas para lucrar con sus bebés.
La información surgió tras el rescate de un conductor de plataforma, de 21 años, quien fue liberado tras ser raptado entre los días 19 y 20 de este mes. Durante las pesquisas, investigadores de la Fiscalía Antisecuestros y la Policía Estatal identificaron indicios de que el mismo grupo criminal, presuntamente vinculado a personas dentro del Cereso estatal, podría estar detrás de una serie de raptos de mujeres en estado de gestación.
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Según los primeros reportes, estas jóvenes son seleccionadas por su vulnerabilidad económica. Permanecen retenidas hasta dar a luz, y luego se presume que los niños podrían ser vendidos, un delito de alto grado de deshumanización, que mezcla secuestro, explotación infantil y violencia extrema.
Aunque las autoridades solo tienen datos parciales de varios casos “sospechosos”, los investigadores mantienen alerta máxima y trabajan para frenar estas prácticas antes de que se concreten.
El caso del conductor rescatado mostró la ferocidad de los criminales, quienes exigen grandes sumas de dinero y no dudan en amenazar a las familias.
En esta ocasión, los captores solicitaron tres millones de pesos, aunque solo recibieron menos de 40 mil pesos a través de Bancoppel. La intervención de policías estatales y ministeriales fue decisiva para evitar un desenlace fatal.
Especialistas en seguridad y criminología destacan que estos crímenes evidencian un cambio en la dinámica delictiva, donde los grupos criminales buscan nuevas formas de lucro a costa de la vida y los derechos más básicos de las víctimas, así lo señalo un investigador consultado sobre estos hechos.
El secuestro de mujeres embarazadas es un acto extremo que requiere coordinación inmediata entre Fiscalía, policía y servicios de protección a la infancia y la mujer.
Mientras la sociedad observa con alarma, las autoridades refuerzan la vigilancia en zonas de riesgo y recomiendan a la población extremar precauciones, sobre todo a personas vulnerables.
Este tipo de delitos, además de su gravedad criminal, pone en evidencia la necesidad de estrategias preventivas integrales, que incluyan apoyo social, programas de protección a mujeres y seguimiento a grupos delictivos identificados.