Vivir en una casa rentada o prestada implica una serie de derechos y responsabilidades tanto para quienes habitan la propiedad como para sus propietarios.
Conocer estas reglas es fundamental para evitar conflictos legales y garantizar una convivencia armoniosa durante el tiempo que dure el arrendamiento o la posesión.
Te podría interesar
La relación entre arrendador y arrendatario en México está regulada por el Código Civil Federal, especialmente en los artículos 2394 a 2417, que establecen derechos y obligaciones, la usucapión, o prescripción adquisitiva, que permite adquirir una propiedad tras cierto tiempo de posesión, está regulada en los artículos 1151 a 1155 del mismo código.
Además, cada estado cuenta con su propia Ley de Arrendamiento Inmobiliario que adapta estas normas a su contexto local, regulando plazos, desalojos y garantías.
Derechos del inquilino
El arrendatario tiene derecho a la posesión y disfrute pacífico del inmueble durante el plazo pactado, siempre y cuando cumpla con las obligaciones contractuales. Además, la propiedad debe ser entregada en condiciones habitables, lo que implica que el propietario es responsable de realizar las reparaciones necesarias para mantener el inmueble en condiciones óptimas.
Asimismo, el inquilino cuenta con protección frente a desalojos arbitrarios: ningún desalojo puede llevarse a cabo sin una orden judicial debidamente emitida. También, en caso de fallecimiento del arrendatario, sus familiares directos pueden subrogar el contrato de arrendamiento, según lo establecido por la ley.
Obligaciones del arrendatario
Entre las principales responsabilidades destaca el pago puntual de la renta, en las condiciones y plazos acordados en el contrato.
El inquilino debe cuidar y conservar la vivienda, realizando únicamente las reparaciones menores que sean consecuencia del uso habitual. El uso del inmueble debe corresponder al fin pactado, y está prohibido subarrendar sin autorización expresa del propietario.
Precauciones para evitar conflictos
Para evitar problemas legales, es imprescindible formalizar la relación mediante un contrato de arrendamiento por escrito, donde se detallen los términos, responsabilidades y condiciones para la terminación del acuerdo. En algunas entidades, este contrato debe registrarse ante la autoridad local para tener plena validez legal.
Mantener una comunicación clara y continua con el propietario es recomendable para resolver de manera ágil cualquier inconveniente que surja durante la vigencia del arrendamiento.
Asimismo, es indispensable que los arrendatarios conozcan la legislación local aplicable, dado que las disposiciones pueden variar entre estados y municipios.
El cumplimiento estricto de lo estipulado en el contrato, junto con un conocimiento adecuado del marco legal, son elementos clave para proteger a ambas partes y evitar disputas jurídicas que puedan afectar la estabilidad habitacional.