En medio de la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León, el robo de agua a través de tomas clandestinas se ha convertido en una problemática alarmante que agrava aún más la escasez del recurso.
Desde el año 2000 hasta julio de 2022, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) documentó un total de 158,664 tomas ilegales en la Zona Metropolitana de Monterrey.
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El año con mayor número de registros fue 2021, con 12,855 casos, siendo el municipio de Juárez el que concentró la mayor parte de estas conexiones irregulares, estas tomas ilegales no solo afectan la distribución equitativa del agua, sino que también representan una pérdida económica significativa.
Se estima que el 28% del agua consumida en la entidad se pierde por fugas y tomas clandestinas, lo que equivale a 134 millones de metros cúbicos anuales y una pérdida económica superior a los 2,150 millones de pesos al año.
Además, la situación se ve agravada por la existencia de alrededor de 1,000 pozos ilegales en el estado, que extraen agua sin autorización y la venden en pipas, constituyendo un delito federal.
Estos pozos se presumen están ubicados en ranchos y quintas, donde los propietarios comercializan el agua sin ningún control ni regulación.
Ante esta problemática, las autoridades han implementado medidas como la instalación de medidores en domicilios sin registro y la detección de tomas clandestinas.
Sin embargo, la magnitud del problema requiere de una acción más contundente y coordinada para garantizar el acceso equitativo y legal al agua para todos los habitantes del estado
El robo de agua en Nuevo León no es solo un delito económico, sino una amenaza directa a la salud pública y al bienestar de miles de familias que dependen de este recurso vital.
Es imperativo que tanto las autoridades como la sociedad trabajen conjuntamente para erradicar esta práctica y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones.