CONFERENCIA MATUTINA

'No es rara, pero sí escandalosa': UIF reanuda servicios financieros a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

A pesar de las órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de lavado de dinero, la UIF cumplió con la sentencia de amparo y reanudó sus servicios financieros el 10 de marzo

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En la conferencia matutina de este lunes, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre una reciente decisión del Poder Judicial que ha generado controversia.

El tribunal ordenó eliminar a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de la lista de personas bloqueadas, lo que les permitirá acceder al sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público mantiene órdenes de aprehensión en su contra.

La UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente el Juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo

Este pronunciamiento se refiere a la ratificación de un amparo otorgado a Gómez Mont y Álvarez Puga, lo que implica la eliminación de sus nombres de la lista de personas bloqueadas, cuyos activos habían sido congelados previamente.

De acuerdo con Gómez Álvarez, la acción obedece al cumplimiento de una sentencia judicial, aunque señaló que esta situación "no es rara, pero sí escandalosa".

A pesar de las implicaciones judiciales, donde ambos enfrentan órdenes de aprehensión por cargos relacionados con el lavado de dinero, los dos personajes podrán realizar transacciones financieras sin restricciones.

La UIF también detalló que la lista de personas bloqueadas, que originalmente incluía a individuos y empresas con presuntos vínculos con actividades ilícitas, contiene a 7,815 sujetos: 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales (empresas).

Durante su gestión, la UIF ha bloqueado más de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros, recursos que se han vinculado a casos de lavado de dinero.

La decisión judicial y su impacto en los servicios financieros a personas bajo investigación continúan siendo un tema de debate público, especialmente por la contradicción entre el cumplimiento de una sentencia y las graves acusaciones que enfrentan los involucrados.