Ángel del Villar, fundador de la disquera Del Records (sello de artistas como Gerardo Ortiz y Lenin Ramírez), fue declarado culpable por un jurado federal en California de 10 cargos por violar la Ley Kingpin, que prohíbe hacer negocios con narcotraficantes.
El productor enfrenta hasta 30 años de prisión tras ser declarado culpable por un tribunal federal en California. El veredicto se dio este 27 de marzo después de un juicio de nueve días donde se probó que el empresario musical violó la Ley Kingpin al organizar conciertos con Jesús "Chucho" Pérez Alvear, promotor vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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El caso reveló que entre 2018 y 2019, Del Villar utilizó su tarjeta de crédito para financiar un avión privado que transportó a uno de sus artistas a un concierto en Aguascalientes, además de patrocinar otros cinco eventos en Baja California, Guanajuato y Chiapas con el promotor sancionado.
La Fiscalía demostró que el empresario continuó estos negocios a pesar de saber que Pérez Alvear estaba en la lista de narcotraficantes designados por Estados Unidos.
Durante el juicio, el cantante Gerardo Ortiz, principal figura de Del Records, testificó en contra de su exrepresentante. Ortiz había admitido previamente su culpabilidad por realizar 19 conciertos con el promotor vinculado al CJNG después de ser advertido por el FBI. El artista reveló que fue el mismo Del Villar quien lo convenció de seguir trabajando con Pérez Alvear.
La escena en la corte fue emotiva cuando se leyó el veredicto. Familiares y colaboradores de Del Villar rompieron en llanto, mientras el empresario trataba de calmarlos diciendo: "Si yo no me miro agüitado, no se agüite. Esperé cinco años para esto, yo estoy tranquilo".
La sentencia definitiva se determinará el próximo 15 de agosto, donde podría recibir hasta tres décadas de prisión.
Este caso marca un precedente importante en la industria musical regional mexicana, ya que Del Records es uno de los sellos discográficos más influyentes del género. La condena podría tener repercusiones en la forma en que las disqueras y artistas manejan sus relaciones con promotores de conciertos, especialmente aquellos con posibles vínculos al crimen organizado.
Las autoridades estadounidenses han dejado claro que continuarán aplicando estrictamente la Ley Kingpin para evitar que el narcotráfico se beneficie de la industria del entretenimiento.