La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente una oferta de 14 años y ocho meses de prisión para Osvaldo N. M., acusado del delito de terrorismo por la presunta colocación de artefactos explosivos caseros al interior de un centro comercial en el municipio de Juárez, en Chihuahua. El imputado permanece detenido desde 2023, mientras el proceso judicial continúa sin resolverse tras una serie de aplazamientos.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, durante la audiencia intermedia en la que debía discutirse un procedimiento especial abreviado, la defensa reclamó que la Fiscalía no entregó la totalidad de las pruebas necesarias para ejercer una defensa adecuada. Esta situación obligó a prorrogar la audiencia por cuarta ocasión, en un proceso que ya suma casi dos años sin llegar a juicio.
Te podría interesar
Según la acusación, Osvaldo N. M. sería el autor material de la colocación de explosivos fabricados con botellas de bebidas electrolitos, clavos y otras sustancias, los cuales fueron localizados en los baños de una plaza comercial los días 14 de abril y 19 de mayo de 2023. Parte de estos hechos habrían quedado registrados en cámaras de videovigilancia, además de que la Fiscalía asegura haber asegurado evidencia durante un cateo en el domicilio del imputado.
En la audiencia más reciente, celebrada el 11 de diciembre, la FGR informó que contaba con autorización para ofrecer un procedimiento abreviado que implicaría, además de la pena de prisión, el pago de 334 Unidades de Medida y Actualización (UMA). No obstante, pese a la autorización, no se concretó la terminación anticipada del proceso.
La defensa del acusado rechazó el acuerdo y reiteró la falta de pruebas completas, argumento que ha sido recurrente y que, según los abogados, ha retrasado injustificadamente el avance del caso. La Fiscalía, por su parte, señaló que la omisión en la entrega de pruebas correspondía a agentes del Ministerio Público que previamente estuvieron a cargo de la causa penal.
Próxima audiencia en 2026
Será hasta el 24 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, cuando se lleve a cabo una nueva audiencia intermedia para definir si el caso avanza a juicio oral y se determina la responsabilidad penal del imputado, casi tres años después de los hechos que se le atribuyen.
Paul Crisóstomo, abogado particular de Osvaldo N. M., cuestionó la clasificación del caso como terrorismo, al señalar que los artefactos no causaron daños físicos a personas.
En contraste, mencionó otros hechos recientes de violencia con explosivos en el país que han sido perseguidos bajo tipificaciones distintas, lo que afirmó evidencia un trato desigual en la aplicación de la ley. Mientras tanto, el proceso permanece abierto y sin una resolución definitiva, en medio de señalamientos cruzados entre la Fiscalía y la defensa, y con un acusado que continúa en prisión preventiva a la espera de que se defina su situación jurídica.