Para responder al incremento de delitos cometidos desde el anonimato digital, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León manifestó su respaldo a la creación de nuevas leyes de ciberseguridad.
El objetivo es que el Congreso autorice a las autoridades la posibilidad de acceder a direcciones IP de proveedores de Internet y aplicaciones, con el fin de identificar más rápido a los responsables de extorsiones, fraudes y ciberataques.
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Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso local, Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), destacó la urgencia de contar con herramientas legales que permitan rastrear el origen de llamadas, mensajes o ataques informáticos.
Necesitamos saber quién está detrás de los teléfonos, computadoras o cualquier dispositivo desde el que se cometen delitos. Tener legislado el acceso a direcciones IP nos ayudaría a identificar desde dónde sale una llamada o mensaje delictivo.
Cantú reveló que entre 2022 y 2024 se han registrado más de 21 millones de ciberataques en Nuevo León, lo que representa un incremento del 40 % respecto a años anteriores. Por ello, reiteró que el Estado —uno de los más industrializados del país— requiere actuar con rapidez.
La propuesta incluye la creación de una Ley de Ciberseguridad estatal, con la expectativa de que se articule también a nivel federal con el apoyo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Empresas, academia y turismo también piden ser escuchados
Cristóbal Cárdenas, de la Secretaría de Economía estatal, pidió incluir a las empresas, ya que muchas han sido víctimas de fraudes, hackeos y extorsiones digitales.
Por su parte, José Manuel Ortiz, de la Asociación de Hoteles de Nuevo León, solicitó que las plataformas de hospedaje como Airbnb sean incluidas en la legislación para evitar competencia desleal y fraudes, sobre todo ante la llegada del Mundial 2026, donde ya se detecta la creación de páginas falsas para rentar habitaciones.
¿Qué sigue?
El Consejo Ciudadano de Seguridad, representado por Martín Santos, anunció que presentará propuestas por escrito para fortalecer el proyecto.
Por ahora, el Congreso de Nuevo León continuará analizando la iniciativa, que busca equilibrar la seguridad digital con la protección de derechos como la privacidad y el acceso libre a la tecnología.