Durante la conferencia matutina, de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se detallaron los fundamentos legales y humanitarios que sustentan la decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú. Chávez es señalada por las autoridades peruanas como presunta coautora del intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Las autoridades mexicanas explicaron que la decisión se basó en principios históricos de protección a perseguidos políticos y en tratados internacionales, como la Convención de Caracas, así como en el artículo 11 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho al asilo.
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El encargado de dar respuesta fue Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien aseguró que la decisión está respaldada por el derecho internacional y la Constitución mexicana.
México actúa conforme al derecho internacional, se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, debido a que ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y de una persecución política.
Velasco detalló que se revisaron denuncias presentadas por Chávez, quien afirma haber sido blanco de hostigamiento político, vulneración de su derecho a un proceso justo y amenazas contra su integridad. Con base en ello, México aplicó el Artículo 4 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que establece que corresponde al país asilante determinar si se trata de un delito común o de una persecución política.
Asimismo, citó el Artículo 11 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho de toda persona a solicitar asilo y recibir protección por razones políticas. Para reforzar el argumento, recordó que la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967 establece que otorgar asilo no debe interpretarse como un acto hostil entre naciones.
La ex primera ministra permanece actualmente en la embajada de México en Lima, donde se le brinda protección diplomática mientras su solicitud es analizada en coordinación con organismos internacionales.
El gobierno mexicano reiteró su postura histórica de defensa de los derechos humanos, la democracia y la protección a perseguidos políticos.
La decisión ha generado tensiones con el gobierno peruano, que mantiene abierta una investigación penal en su contra. Sin embargo, México sostiene que su actuación es legal, humanitaria y apegada a tratados internacionales.