Una masiva manifestación en el municipio de Apatzingán, Michoacán, derivó en un ataque directo al edificio del Palacio Municipal. El motivo: protestas en exigencia de justicia por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.
Los manifestantes se congregaron en la plaza principal del municipio portando pancartas y vistiendo de blanco, gritando consignas como “justicia para Manzo” o “que el miedo no nos calle”. Mientras, tras recorrer el centro de la ciudad, una fracción se dirigió hacia el palacio municipal, situado en el corazón de Apatzingán, y comenzó a lanzar piedras contra las ventanas y puertas del inmueble.
Según reportes, un grupo empleó violencia intensiva, mientras a través de imágenes y videos difundidos en redes sociales se observa que los inconformes forzaron la entrada al edificio entre patadas y empujones, donde rompieron mobiliario, destruyeron adornos del Día de Muertos y quemaron ofrendas que habían sido colocadas en el interior y en la fachada.
Te podría interesar
- Carlos Manzo
Asesinato de Carlos Manzo: identifican a 'El Cuate', el presunto homicida del alcalde michoacano
- Homicidio político
El alcalde Carlos Manzo fue asesinado con un arma utilizada en otros crímenes; esto se sabe
- Alcalde de Uruapan
Fiscalía comparte retrato hablado y tatuajes del agresor que acabó con la vida de Carlos Manzo
El municipio de Apatzingán, localizado en la región conocida como Tierra Caliente, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad, lo que eleva la tensión social y la exigencia de seguridad ciudadana.
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado el 20 de octubre de 2025 en Michoacán tras denunciar públicamente el hostigamiento y extorsión que grupos del crimen organizado ejercen contra los productores de limón.
Su cuerpo fue localizado dentro de su vehículo en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, con huellas de tortura, lo que evidenció la presión creciente que enfrentan los dirigentes agrícolas de la región para que se sometan a cuotas y condiciones impuestas por células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
