Durante la conferencia matutina de este 3 de octubre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existe cabida para la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de las personas, al referirse al debate sobre la Ley de Amparo.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que el artículo 14 constitucional establece de manera tajante que ninguna ley puede tener efectos retroactivos. Señaló, sin embargo, que la redacción del artículo 1, párrafo dos de la Constitución no es lo suficientemente clara, lo que genera dudas sobre la aplicación de reformas contenidas en artículos transitorios.
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El ministro en retiro sugirió tres puntos para dar claridad al artículo transitorio conforme al Estado de derecho, ya que, de no hacerlo, la redacción dejaría una interpretación errónea una vez que la reforma sea aprobada por el Congreso.
“El precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas y descalificaciones, además de preocupaciones legítimas. Por eso, de manera muy respetuosa y en un diálogo constructivo e institucional entre poderes, nos permitimos sugerir a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones”, señaló Arturo Zaldívar.
Los cambios que propuso son:
- Aclarar que la Ley de Amparo es una ley procesal.
- Establecer que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes en el momento de su actuación.
- Precisar que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que ello implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos.
Sheinbaum puntualizó que el Ejecutivo no avala ningún tipo de retroactividad y pidió, en un marco de respeto y diálogo con el Poder Legislativo, realizar las adecuaciones necesarias para dar mayor certeza jurídica. El objetivo, subrayó, es garantizar que las leyes solo tengan efecto hacia el futuro y se preserve la protección de los derechos de la ciudadanía.