La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación.
Durante su participación en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Godoy explicó que el objetivo principal de la reforma es que el delito de extorsión se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia para que las autoridades puedan iniciar una investigación.
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La propuesta busca establecer un marco legal unificado en todo el país que permita una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales. Además, contempla la creación de un tipo penal básico, así como las herramientas necesarias para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal de quienes cometan este delito.
Dicha iniciativa también incluye acciones y políticas interinstitucionales para reforzar el combate a la extorsión, especialmente en los centros penitenciarios, donde este delito suele originarse.
“La iniciativa de ley comprende, sustantivamente, la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal. También incluye acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, además de reglas especiales para el combate a la extorsión en centros penitenciarios”, explicó Ernestina Godoy.
En cuanto a las sanciones, el gobierno federal propone penas de entre seis y quince años de prisión, que podrán incrementarse en casos agravados, como:
- Cobro de piso,
- Participación de menores de edad o migrantes,
- Involucramiento de servidores públicos,
- Comisión del delito desde el interior de un penal.
Con esta ley, el gobierno de México busca cerrar vacíos legales y fortalecer la respuesta penal ante uno de los delitos que más afecta a comercios, transportistas y familias en todo el país.