En un voto unánime, la diputación permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas anunció la separación provisional de Raúl Ramírez Castañeda, quien ostentaba el cargo de “Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción”.
Esta determinación, adoptada en cumplimiento de la Constitución Federal en materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, fue acompañada por el nombramiento de Jesús Eduardo Govea Orozco como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Te podría interesar
En un comunicado, aseguran que el cambio “obedece al hecho de haber perdido los requisitos de elegibilidad, para mantenerse en el cargo”. El fiscal separado ha sido acusado de no haber aprobado los controles de confianza; sin embargo, se mantuvo en el cargo debido a amparos interpuestos por él mismo.
La diputación permanente confirmó que Jesús Eduardo Govea Orozco asumió su nuevo rol después de prestar la “protesta correspondiente” y de recibir las “notificaciones de rigor” necesarias para llevar a cabo su función.
Esta medida, aseguraron, constituye el primer paso en un proceso que salvaguarda los derechos de quien hasta ahora ocupaba el cargo, Raúl Ramírez Castañeda, y garantiza el respeto al debido proceso.
De acuerdo con la diputación permanente, el Congreso posee la “autoridad para nombrar al titular de esta dependencia” y está facultado para “vigilar y supervisar que en el caso de aquellos servidores públicos que le compete nombrar, también le compete vigilar y supervisar que el requisito de permanencia se cumpla”. Esta facultad no está conferida a “ningún ente o funcionario federal del Estado Mexicano”.
En concordancia con los artículos 21 y 123 fracción XIII de la Constitución, que establecen la obligación de separar de sus cargos a los servidores públicos que no cumplan con los requisitos de permanencia, esta acción es competencia exclusiva del Congreso del Estado de Tamaulipas.
Señalaron que el proceso de separación se llevará a cabo respetando el debido proceso, incluyendo la notificación del inicio y sus consecuencias, la oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas en defensa, el derecho a alegar y la emisión de una resolución que dirimirá las cuestiones debatidas, garantizando en todo momento las “garantías de audiencia”.
Es crucial destacar que la medida adoptada representa la “separación provisional del cargo” de Raúl Ramírez Castañeda y no implica una decisión definitiva que modifique su situación jurídica.