Desde el 1 de septiembre, el estado de Texas endureció las leyes contra los llamados “squatters” para evitar que los ocupantes ilegales de una propiedad se queden por mucho tiempo aprovechándose de las lagunas de las leyes estatales.
El Juez de Paz Oscar Liendo dijo que, bajo esta nueva ley, los dueños de una propiedad que fue ocupada por una persona de manera ilegal, pueden acudir directamente ante la oficina de un Condestable para que se use la fuerza pública para desalojar al ocupante.
“Antes se requería entablar una demanda en una corte de paz y se necesitaban de 30 a 60 días para obtener una orden que permita el uso de la fuerza pública, ahora se hace directamente ante un Condestable”, indicó.
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En la legislatura de este año, Texas promulgó leyes que endurecen las reglas contra los "squatters" (ocupantes ilegales) y facilitan los desalojos.
Las nuevas leyes agilizan el proceso de desalojo para los propietarios, obligando a los tribunales a actuar en un plazo de 21 días y facultando a las fuerzas del orden para intervenir más rápido en casos de ocupación ilegal.
La nueva legislación se aprobó para cerrar lagunas legales, expulsar a ocupantes ilegales y defender los derechos de propiedad de los dueños.
"El derecho a la propiedad privada es fundamental en nuestros valores texanos", declaró el gobernador Abbott. "Texas se enfrenta a una crisis de ocupaciones ilegales, con propietarios que luchan por desalojar a inquilinos morosos o a personas que nunca debieron estar en su propiedad. Gracias a estas nuevas leyes, los propietarios ahora cuentan con un medio eficaz para desalojar a los ocupantes ilegales de sus propiedades".
El Juez Liendo dijo que el Proyecto de Ley Senatorial 1333 (Hughes/Leach) faculta a los alguaciles y agentes de policía a actuar con rapidez cuando el propietario de una propiedad presenta una denuncia bajo juramento alegando que un ocupante ilegal ha tomado posesión de su propiedad.
También aumenta las sanciones penales por daños a la propiedad relacionados con la invasión ilegal de una vivienda y la participación en transacciones inmobiliarias que involucren bienes en los que la persona no tenga un interés legal.
Además, el Proyecto de Ley 38 del Senado (Bettencourt/Chen Button) agiliza el proceso de desalojo al aclarar los requisitos del lugar y establecer plazos consistentes para los juicios y las apelaciones, incluido el requisito de que un tribunal celebre un juicio en demandas de desalojo dentro de los 21 días posteriores a la presentación de una petición.
De acuerdo con el Juez Liendo, los que soliciten el desalojo bajo esta nueva ley deben pagar 200 dólares por el citatorio y 50 dólares por hora para realizar el desalojo por parte de los oficiales del Condestable.