Cuando ya todo estaba preparado para llevar a cabo la primera ejecución de 2023, el martes por la noche, un juez estatal dictaminó que no podía seguir adelante porque los medicamentos de inyección letal del estado están vencidos. La inyección letal tenía la caducidad vencida y salvó de morir a los reos de morir, por lo menos esta tarde en Austin, Texas.
El fiscal general republicano del estado pidió rápidamente a un tribunal de apelaciones que anulara la orden.
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Inyección letal tenía la caducidad vencida
En un desafío único en su tipo, los prisioneros condenados a muerte Robert Fratta, John Balentine, Wesley Ruiz y Arthur Brown dijeron que el Departamento de Justicia Criminal de Texas tenía la intención de ejecutarlos inyectándolos con pentobarbital compuesto, a pesar de que su concentración de 100 mililitros y Los viales de 50 mililitros del barbitúrico vencieron en junio de 2019 y mayo de 2021.
Argumentaron que el TDCJ y sus funcionarios estaban actuando más allá de la autoridad de la agencia, en violación de la Ley de Farmacia de Texas, la Ley de Sustancias Controladas de Texas, la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Texas y el Código Penal de Texas.
La jueza de distrito del condado de Travis, Catherine Mauzy, demócrata, se puso del lado de los reclusos y ordenó al TDCJ que se abstuviera de inyectarles la droga.
Pero el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, solicitó de inmediato a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas (TDCJ) que hiciera cumplir una orden que emitió la semana pasada, prohibiendo a Mauzy suspender las ejecuciones de Fratta, Balentine y Ruiz.
Dura batalla legal
En respuesta, el abogado de Fratta, Tivon Schardl, dijo que la corte de apelaciones no tiene jurisdicción para anular la orden de Mauzy.
Al otorgarles a los hombres una orden judicial temporal, Mauzy dictaminó que no pueden ser ejecutados a menos que TDCJ demuestre que ha recibido ampollas frescas de pentobarbital y que no han llegado a la fecha límite de uso para medicamentos compuestos de 45 días si se mantienen congelados, tres días refrigerados y 24 horas almacenados en temperatura ambiente, de conformidad con la Ley de Farmacia de Texas.
El juez citó la “evidencia no refutada” que presentaron los impugnadores en el testimonio de su experta, la Dra. Michaela Almgren, profesora de farmacología en la Escuela de la Universidad de Carolina del Sur.
Describió cómo los métodos del TDCJ para certificar la potencia de su reserva de pentobarbital no cumplen con la Farmacopea de los Estados Unidos, estándares rigurosos para la preparación de medicamentos publicados anualmente por la organización clínica.
La Doctora Almgren emitió su opinión en un juicio virtual que duró tres horas:
Si tienen partículas, pueden causar dolor, ardor, oclusión de los vasos sanguíneos y eso puede causar un dolor intenso… Pueden sufrir un accidente cerebrovascular, embolia y ese tipo de cosas por tener partículas en las soluciones
Uno de los abogados de los reclusos, Alex Kursman, de la Oficina Federal del Defensor de la Comunidad para el Distrito Este de Pensilvania, mostró registros de almacenamiento de drogas de TDCJ, obtenidos a través de solicitudes de registros abiertos, con entradas que decían "devolver al proveedor" y "devolver a las existencias".
Almgren dijo que, según los documentos, TDCJ envía uno o dos viales de su reserva a su proveedor para realizar pruebas de potencia, pero no tiene registros de cómo se envían, si se mantienen congelados o refrigerados. Y dijo que los viales nunca deben devolverse después de que se analizan porque es probable que hayan sido contaminados.
Agregó que el laboratorio contratado utiliza una tecnología de escaneo rápido para probar su pentobarbital, por lo que ha considerado que todas sus existencias son viables hasta el otoño de 2023, no las pruebas de esterilidad requeridas que pueden detectar hongos y microorganismos.
Pero el abogado del estado citó un estudio que concluyó que el pentobarbital tiene una vida útil de hasta seis años.
Pelea legal
Leah O'Leary, fiscal general adjunta de Texas, argumentó para obtener una orden judicial que los reclusos tenían que demostrar que las inyecciones letales del estado crean un riesgo demostrado de dolor intenso y señaló que ha utilizado el protocolo actual desde 2013.
La inyección letal con la caducidad vencida mantiene en estos momentos una ruda batalla legal entre la fiscalía del estado y los abogados de los reos.