La muerte del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, ocurrida el pasado 3 de enero de 2026 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de Texas, podría ser clasificada como homicidio, de acuerdo con información revelada por un empleado de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso.
Según una grabación entregada por la hija del fallecido al Washington Post, un médico explicó que Lunas Campos habría muerto por asfixia, presuntamente causada por presión ejercida sobre el cuello y el pecho, lo que abre la posibilidad de que el caso sea tipificado como homicidio, a la espera del informe forense final.
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Versión oficial de ICE
De manera inicial, ICE informó que su personal detectó al detenido en estado de “angustia” y solicitó la intervención de servicios médicos de emergencia, quienes no lograron reanimarlo. En ese primer reporte no se detalló la causa de la muerte.
Posteriormente, la agencia reconoció que Lunas Campos fue trasladado a una unidad de vivienda segregada, luego de presentar un comportamiento considerado disruptivo, aunque no ofreció información adicional sobre un posible uso de la fuerza durante su custodia.
Amplio historial delictivo
De acuerdo con la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sector Buffalo, Gerardo Lunas Campos ya había sido detenido con anterioridad, con condenas por abuso sexual de un niño menor de 11 años, posesión de arma de fuego y agresión agravada con arma.
Muertes bajo custodia migratoria en aumento
El fallecimiento de Lunas Campos ocurre en un contexto de incremento sostenido de muertes en centros de detención migratoria en Estados Unidos, coincidiendo con el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con datos oficiales, al menos 30 personas murieron bajo custodia de ICE durante 2025, la cifra más alta en los últimos 20 años. En lo que va de 2026, cuatro personas han fallecido en los primeros nueve días del año, lo que ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades forenses continúan con la investigación del caso, mientras familiares y defensores de migrantes exigen transparencia, acceso a los informes médicos y una revisión independiente sobre los protocolos aplicados por ICE en centros de detención.