El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva política migratoria la cual podría afectar a un número considerable de inmigrantes que buscan la residencia legal por medio de familiares, especialmente por el matrimonio.
De acuerdo a las directrices publicadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), las autoridades podrán empezar procedimientos de expulsión para aquellos que no tengan estatus legal vigente y soliciten la “green card” o residencia legal por medio de un cónyuge.
Esta información, fue dad a conocer el lunes 4 de agosto y con vigencia inmediata, es importante recalcar que la política aplica tanto a solicitudes pendientes como a nuevas tramitadas a partir del 1 de agosto.
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Dicha medida también impactará a quienes buscan la residencia permanente por otras vías familiares, no solo por relaciones conyugales.
En el manual de políticas, el USCIS asegura que una petición familiar “no concede, por sí sola, un estatus migratorio ni impide la deportación”. Esto quiere decir que el hecho de tener una solicitud en trámite ya no ofrece una protección efectiva contra una posible remoción.
Según un análisis de datos del USCIS hecho por NBC News, en los primeros seis meses de 2025 se presentaron aproximadamente 520.000 peticiones conocidas como I-130, el primer paso para el trámite de residencia legal a través de un familiar o cónyuge.
Hasta junio, había más de 2,4 millones de solicitudes de este tipo pendientes; 1,9 millones esperaban una respuesta desde hacía más de seis meses.
La abogada Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, habló de la magnitud de la medida: “esta es una de las vías más importantes que tienen las personas para ajustar su estatus migratorio y obtener la residencia legal en Estados Unidos”.
Aseguró que ahora el USCIS “parece facultado para iniciar procedimientos de expulsión contra un solicitante en cualquier momento del proceso”.
Mukherjee mencionó que hasta el momento, las familias no esperaban comparecer ante un tribunal migratorio durante el trámite, excepto en circunstancias graves, como violaciones criminales.
Según su visión, la nueva directriz podría “generar miedo en familias inmigrantes, incluso aquellas que están cumpliendo con todos los requisitos legales”.
En una comunicación enviada a NBC News, el USCIS explicó que “la actualización del manual de políticas introduce mayor integridad en los beneficios y brinda nuevas oportunidades de evaluación, estableciendo directrices para el proceso de decisión, incluyendo la obligación de entrevistas presenciales”.
El organismo sustentó que este cambio busca “garantizar la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos” mediante una “evaluación exhaustiva que prevenga, detecte y desarme fraudes y amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública”.
También, se justificó que las solicitudes familiares fraudulentas “erosionan la confianza en los mecanismos familiares para obtener la residencia legal y debilitan el sistema migratorio”. El USCIS sostuvo que solo relaciones “auténticas, verificables y de conformidad con todas las leyes” deben permitir el acceso a la residencia.
Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política Migratoria en el Migration Policy Institute, dijo que el cambio es coherente con la agenda de deportaciones masivas promovida por la administración Trump.
Finalmente, Mukherjee señaló que si la nueva política se aplica con rigor, “será un cambio radical en la aplicación de la ley migratoria y desalentará a personas que, siendo elegibles, buscan regularizar su situación”.