Viajar a Estados Unidos como turista podría volverse un privilegio para unos cuantos. A partir del 20 de agosto de 2025, entrará en vigor un programa piloto del gobierno estadounidense que contempla exigir a ciertos solicitantes de Visa una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares para poder ingresar al país.
La medida, impulsada dentro de un contexto de endurecimiento migratorio, busca reducir los casos de personas que se quedan en Estados Unidos más tiempo del autorizado.
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Aunque aún se aplicará de forma selectiva, las autoridades consulares tendrán discreción para determinar a quiénes imponer la garantía económica.
El principal criterio será el índice de incumplimiento migratorio de los países de origen. Es decir, naciones con mayor número de visitantes que no regresan cuando expira su visa estarán en la mira. También se analizarán otros factores como historial migratorio, falta de documentación verificable y riesgos de seguridad.
¿Quiénes pagarían?
Aunque el gobierno estadounidense no ha publicado una lista oficial, la preocupación crece en países latinoamericanos, especialmente México, donde cada año cientos de miles de personas tramitan la visa de turista o negocios.
Si bien no todos los solicitantes deberán pagar la fianza, la cifra más común rondaría los 10 mil dólares, según la notificación publicada en el Registro Federal.
¿Se pierde el dinero?
No. La fianza sería devuelta por completo siempre y cuando el visitante regrese a su país dentro del tiempo permitido por su Visa. Sin embargo, si hay alguna violación, como extender la estadía sin autorización, el dinero quedaría retenido por el gobierno estadounidense.
Este tipo de medidas fue planteado originalmente durante el gobierno de Donald Trump en 2020, aunque no se consolidó debido a la pandemia. Su reactivación en 2025 también bajo un ambiente electoral tenso sugiere un regreso a políticas migratorias más estrictas, en las que las barreras económicas se convierten en filtros de acceso.
¿Qué implicaciones tiene?
Para muchos, esta medida representa una forma indirecta de limitar la entrada de extranjeros sin modificar las leyes, apelando a la presión financiera.
Expertos en migración han señalado que esto podría profundizar la desigualdad, haciendo que solo personas con poder adquisitivo elevado puedan viajar a Estados Unidos, mientras se margina a quienes viajan por motivos familiares, educativos o laborales legítimos pero con bajos recursos.