La Casa Blanca confirmó que procederá con una apelación formal ante el reciente fallo judicial que revocó las tarifas impuestas por la administración de Donald Trump.
Este veredicto, emitido por el Tribunal de Comercio Internacional, desestimó los argumentos presidenciales sobre la existencia de una emergencia nacional que justificaría medidas económicas extraordinarias, generando una inmediata reacción por parte del ejecutivo.
Trump quiere apelar
Kush Desai, vocero del gobierno, enfatizó que decisiones estratégicas durante crisis nacionales deben emanar del poder ejecutivo, no de jueces no electos.
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Afirmó que la imposición de aranceles fue una respuesta legítima ante el deterioro económico causado por desequilibrios comerciales que, según la Casa Blanca, comprometen el bienestar laboral y productivo del país.
La sentencia en cuestión, dictada por un panel de tres magistrados con nominaciones bipartidistas, sostuvo que la administración Trump no presentó fundamentos suficientes para activar la Ley de Facultades Económicas en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Esta legislación fue la base legal utilizada para instaurar tarifas a una gama amplia de productos importados, especialmente de China y la Unión Europea, desde abril de 2020.
Recurrirán a instancias legales
A pesar de que el tribunal otorgó un plazo de diez días para suspender las medidas, funcionarios cercanos al expresidente aseguraron que recurrirán a todas las instancias legales necesarias.
Stephen Miller, asesor de Trump, tildó la resolución como un exceso del poder judicial y alertó sobre una supuesta interferencia institucional en funciones exclusivas del presidente.
El Departamento de Justicia también defendió la legitimidad de los aranceles, señalando que el Congreso ya había delegado suficientes atribuciones al Ejecutivo para actuar en escenarios extraordinarios. Incluso citaron precedentes históricos, como las políticas comerciales impulsadas por Richard Nixon, para sostener la validez de la actuación presidencial.