La Universidad de Harvard, una de las instituciones educativas más prestigiosas y antiguas del mundo, se encuentra en el centro de una polémica decisión del Gobierno de Estados Unidos. Fundada en 1636 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Harvard ha sido históricamente un imán para talento internacional, albergando estudiantes de más de 150 países y formando a líderes globales en todos los campos.
Sin embargo, bajo la administración del presidente Donald Trump, ese legado se ha visto seriamente amenazado.
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En una medida inédita, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó el programa de Estudiantes y Visitantes Extranjeros de Harvard, prohibiéndole matricular a nuevos alumnos extranjeros y obligando a los actuales a transferirse o enfrentar la pérdida de su estatus migratorio.
La decisión fue comunicada mediante una carta firmada por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien acusó a la universidad de haber “creado un ambiente inseguro” al permitir presuntamente agresiones y acoso contra estudiantes judíos por parte de activistas “proterroristas”.
La medida forma parte de un conflicto más amplio entre la Casa Blanca y la universidad, que en los últimos meses se ha intensificado por diferencias legales e ideológicas. Según Noem, Harvard incumplió la ley al no atender advertencias previas y permitir un clima de tensión política y social en su campus.
Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros
El golpe no solo es simbólico, sino económico. La matrícula anual para estudiantes internacionales en Harvard asciende a cerca de 87,000 dólares si se consideran alojamiento y otros gastos. Estos ingresos representan una parte significativa de los fondos que sostienen a la institución, que cuenta con una dotación superior a los 50 mil millones de dólares.
La decisión del DHS también fue interpretada como una advertencia al resto de las universidades estadounidenses, instándolas a controlar los discursos políticos dentro de sus campus o atenerse a consecuencias similares.
La medida ha provocado una ola de reacciones en el ámbito académico y político, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Muchos la consideran una represalia ideológica y un ataque a la libertad académica, mientras otros la respaldan como una acción para “proteger la seguridad nacional”.