La reciente deportación sin aviso de un ciudadano mexicano a Sudán del Sur ha detonado una nueva controversia diplomática entre México y Estados Unidos, revelando profundas fisuras en la coordinación bilateral sobre temas migratorios.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad tras confirmar que su gobierno no fue notificado por Washington antes del traslado del connacional al país africano, cuya inestabilidad política y violencia han sido reconocidas por el propio Departamento de Estado estadounidense.
Mexicano deportado a Sudán
El caso se enmarca en la intensificación de las deportaciones bajo la administración de Donald Trump, que sostiene tener la autoridad para expulsar a personas sin respetar el principio de repatriación al país de origen ni el debido proceso judicial.
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Esta postura fue respaldada recientemente por Kristi Noem, quien sostuvo que el expresidente tiene el “poder absoluto” para ejecutar dichas acciones, generando rechazo entre constitucionalistas y defensores de derechos humanos.
El hombre deportado, originario de México y acusado de homicidio, fue parte de un grupo de ocho extranjeros enviados a Juba, capital de Sudán del Sur, sin que sus países de nacionalidad fueran informados.
De acuerdo con un juez federal en Massachusetts, esta deportación violó una orden judicial vigente que exigía detener cualquier traslado sin garantías legales mínimas. La acción ha sido descrita por expertos como un atentado contra el habeas corpus y una amenaza al equilibrio constitucional en Estados Unidos.
Precedentes riesgosos
Organismos civiles han solicitado la intervención urgente del poder judicial y organismos internacionales, advirtiendo que este tipo de decisiones unilaterales sientan un precedente riesgoso.
A pesar de que los deportados tienen antecedentes penales graves, abogados insisten en que no se puede justificar la omisión de los procedimientos legales básicos.