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Texas: desmantelan red que vendía electricidad ilegal; líder podría enfrentar 20 años de cárcel

Utilizando identidades robadas, abrieron cuentas de electricidad para que clientes recibieran servicio sin pagar a proveedores legítimos

Escrito en GLOBAL el

Una compleja operación de fraude eléctrico fue desmantelada en Houston tras una investigación federal que reveló el uso de identidades robadas y empresas ficticias para defraudar a compañías proveedoras de electricidad. 

Daniel Rodríguez-Martínez, residente de la ciudad, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, admitiendo su papel central en una trama que operó durante más de tres años.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rodríguez-Martínez y sus cómplices fundaron una empresa falsa denominada Dual Electricity Services, con la que ofrecían electricidad a clientes que, en realidad, evadían el pago a las compañías proveedoras legítimas. 

Para lograrlo, abrían cuentas con identidades robadas y gestionaban la entrega del servicio como si se tratara de clientes regulares.

Los beneficiarios del esquema pagaban una cuota mensual fija de $80 dólares, en lugar de la tarifa regular por consumo, lo que representaba una oferta muy atractiva para quienes buscaban reducir sus gastos. 

Los pagos se realizaban mediante plataformas electrónicas como Zelle y CashApp, facilitando el movimiento discreto de dinero. Las autoridades estiman que el fraude generó al menos $1.4 millones en ingresos ilícitos entre marzo de 2021 y mayo de 2024.

El esquema fue descubierto gracias a una investigación conjunta de agencias federales y estatales, que rastrearon los pagos digitales, las direcciones de servicios y los documentos falsificados utilizados para establecer las cuentas.

Rodríguez-Martínez enfrenta ahora una posible sentencia de hasta 20 años en prisión federal y una multa de hasta $250,000 dólares. Su audiencia final de sentencia se encuentra pendiente, y la fiscalía ha señalado que se continuará el proceso legal contra otros involucrados.

Este caso subraya la creciente sofisticación de los delitos relacionados con servicios públicos y el uso de herramientas digitales para eludir controles tradicionales.

Las autoridades reiteran la importancia de verificar siempre la legalidad de los servicios contratados y denunciar cualquier irregularidad.