La administración del expresidente Donald Trump solicitó Este lunes por la mañana a la Suprema Corte bloquear la orden de una jueza federal que instruía el reingreso inmediato de un ciudadano salvadoreño deportado por equivocación, pese a la admisión del fallo por parte del propio gobierno, a lo que los jueces accedieron.
Kilmar Armando Ábrego García fue retirado del país tras una identificación presuntamente fallida. Las autoridades lo vincularon con una organización delictiva basándose en su vestimenta y el testimonio de una fuente no identificada, lo cual derivó en su expulsión inmediata.
Corte frena orden de retornar a EU a salvadoreño deportado
Sin embargo, documentos oficiales muestran que Ábrego había obtenido en 2019 protección humanitaria como refugiado tras huir de la violencia pandillera en su nación de origen.
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La jueza responsable del caso determinó que el ciudadano debía ser retornado antes de la medianoche del lunes 7 de abril. Pero el Departamento de Justicia, a través del procurador general D. John Sauer, argumentó que permitir el regreso del afectado sería una invasión judicial en funciones reservadas al ejecutivo, especialmente en temas de política migratoria y seguridad nacional.
Aunque el Departamento reconoció públicamente que la deportación fue producto de un fallo administrativo, insistió en que las cortes inferiores no pueden dictar medidas que afecten decisiones de alto nivel en materia internacional.
La defensa del gobierno sostuvo que no se trata de un simple caso de corrección, sino de un asunto que compromete la autoridad presidencial para manejar el ingreso de extranjeros potencialmente peligrosos.
Sin antecedentes
Por su parte, los representantes legales de Ábrego subrayan que su cliente nunca tuvo antecedentes ni acusaciones formales, y que su expulsión fue un acto injustificado.
Actualmente, Kilmar permanece recluido en un penal de alta seguridad en El Salvador. En este contexto, la controversia continúa, mientras Trump impugna orden judicial por caso de deportación errónea, lo que abre una discusión mayor sobre los límites del poder judicial frente al ejecutivo en materia migratoria.