POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS

Trump publica una fracción de archivos de Epstein; su gobierno argumenta 'protección a las víctimas'

La difusión incompleta de los archivos vinculados al caso por parte del Departamento de Justicia genera inconformidad, pese a una ley que ordenaba revelar la totalidad del material disponible

tardarían meses en abrir todos los archivos Epstein
tardarían meses en abrir todos los archivos EpsteinCréditos: internet
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Pese a la promesa de la publicación total de los archivos de Jeffrey Epstein, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer solo una fracción de los documentos relacionados con el magnate, amigo de Donald Trump, acusado de delitos sexuales.

Aunque el Congreso había ordenado una divulgación íntegra, la información liberada quedó por debajo de las expectativas creadas durante meses.

Trump publica una fracción de archivos de Epstein

La normativa, avalada de forma casi unánime por legisladores de ambos partidos, establecía un plazo de 30 días para que las autoridades hicieran accesibles todos los expedientes no clasificados.

El vencimiento llegó acompañado de una plataforma digital con miles de registros, organizados por tipo de proceso y solicitudes de acceso a la información, pero con abundante contenido ya conocido por la opinión pública.

Funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que las omisiones responden a la necesidad de proteger a las personas afectadas y evitar daños colaterales a terceros sin responsabilidad penal. Desde la fiscalía se insistió en que el análisis de cada archivo continúa y que nuevas entregas podrían producirse en las próximas semanas.

Sin embargo, la decisión generó molestia entre sobrevivientes de los abusos y entre legisladores que impulsaron la ley. Para ellos, la liberación parcial refuerza la percepción de que el caso sigue envuelto en zonas grises, pese a años de investigaciones oficiales y promesas de claridad institucional.

Justidican tachaduras de los documentos

El interés ciudadano se explica también por la extensa red de contactos que rodeó al empresario, quien mantuvo vínculos sociales con figuras influyentes de la política, la economía y la cultura. La aparición de nombres en los documentos no implica delitos, pero sí ha provocado desgaste reputacional y alimentado especulaciones persistentes.

La legislación vigente permite censurar datos sensibles y exige al Gobierno justificar cada tachadura, además de presentar un informe complementario al Congreso en un plazo adicional. Ese reporte será clave para evaluar si la ley se cumplió de manera efectiva o solo formal.

El desenlace del proceso sigue abierto. La expectativa es que futuras revelaciones completen el panorama y permitan cerrar un capítulo que, para muchos, simboliza la falta de rendición de cuentas.