Hoy sábado es trágico: se cumple un mes del cierre del gobierno de Estados Unidos y millones de personas que se quedarán sin ayuda alimentaria y de salud, un millón 400 mil empleados fede están suspendidos y quienes siguen trabajando, no reciben sueldo y cada vez hay menos personal para atender a la ciudadanía en las dependencias federales.
Mientras, el presidente Donald Trump mantiene sus viajes, no redujo en gran número el personal que lo atiende en la Casa Blanca y ni siquiera ha cancelado sus juegos de golf.
Y, aunque todo suena trágico, ni los republicanos ni Trump parecen estar preocupados. Han enfocado sus baterías en culpar a los demócratas del cierre que ya cumplió un mes y esperan que el pueblo estadounidense lo crea, aunque en realidad ni unos ni otros están dis- puestos a ceder en sus demandas.
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Lo que comenzó como un enfrentamiento político sobre las prioridades de gasto, se ha convertido en una crisis nacional que afecta a millones de estadounidenses, desde empleados federales hasta familias de bajos ingresos y propietarios de pequeñas empresas.
El cierre, que comenzó el 1 de octubre, ha suspendido o ralentizado las operaciones en docenas de agencias federales. Alrededor de 1.4 millones de empleados del gobierno, trabajan sin paga o han sido enviados a casa indefinidamente.
Según el Centro de Políticas Bipartidistas, alrededor de 750 mil trabajadores federales, aproximadamente un tercio de la fuerza laboral federal, continúan desempeñando sus funciones sin paga, mientras que otros 670 mil han sido suspendidos porque los departamentos no pueden emitir salarios legalmente.
Se espera que las cifras aumenten a medida que se agoten los fondos del gobierno, lo que hace que este cierre no sólo sea prolongado, sino que sea potencialmente el más perjudicial económicamente desde 2018.
El cierre se debe a que el Congreso no aprobó un presupuesto antes de que expirara el año fiscal anterior el 30 de septiembre. A pesar de múltiples intentos, republicanos y demócratas no pudieron ponerse de acuerdo sobre un plan de gastos.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley de financiamiento provisional, pero fracasó en el Senado, donde los demócratas tienen suficientes escaños para bloquear una legislación importante que requiere 60 votos.
En el centro del estancamiento están los desacuerdos sobre la atención médica y los recortes de gastos.