Ayer viernes 3 de octubre organizaciones religiosas y varios sindicatos de trabajadores y asociaciones de defensas de los Derechos Humanos denunciaron al gobierno de Estados Unidos por los diversos cambios que ha efectuado en las visas de trabajo H1B y coinciden en que todo lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump ha sido ilegal.
Desde el pasado 19 de septiembre, la Casa Blanca emitió un decreto donde ordenaba imponer una cuota de 100 mil dólares para los nuevos visados de los trabajadores que tengan la intención de trabajar en Estados Unidos. Esta nueva medida perjudica directamente no solo a trabajadores sino también a empleadores que buscan a extranjeros especializados.
La nueva ordenanza de Donald Trump realizó cambios al programa para priorizar a los trabajadores que ganen un mayor sueldo o tengan un nivel alto en su formación profesional y académica. Las organizaciones han indicado que el gobierno de Estados Unidos está violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad al imponer nuevas tarifas.
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“Lo más fundamental es que el Presidente no tiene facultad para imponer de forma unilateral tasas, impuestos u otros mecanismos para generar ingresos para Estados Unidos, ni para dictar cómo se gastan esos fondos”, dice el documento judicial, presentado en una corte federal en California el viernes por la mañana.
Las visas de trabajo H1B incluyen permiso para trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, pero los trabajadores deben de contar con el respaldo de una empresa estadounidense, pero los cambios recientes han perjudicado a los empleadores. Por otro lado, hay empresas de tecnología como OpenAi o Nvidia que han aprobado las medidas asegurando que con los cambios se pueden evitar las loterías de visa.
Abogados de inmigración, analistas políticos y expertos en economía rechazan la decisión de Donald Trump, poniendo en duda su legalidad y alertando que podría acabar “por completo” con el programa H1B.