La Corte Suprema de Texas ha dado un paso que podría transformar la manera en que se regula la educación legal y la práctica del Derecho en el estado. En un reciente fallo, el tribunal sugirió que la American Bar Association (ABA) ya no debería tener la última palabra sobre qué egresados de facultades de Derecho pueden rendir el examen estatal de abogacía o recibir su licencia profesional.
Hasta ahora, la ABA desempeñaba un papel central en la aprobación de escuelas de Derecho, certificando que los programas cumplieran con los estándares requeridos para formar abogados competentes. Con el nuevo enfoque propuesto, será la propia Corte Suprema de Texas la que determine qué facultades estarán “aprobadas” bajo las normas estatales de admisión de abogados.
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Aunque la Corte no detalló aún cómo funcionará el nuevo sistema de aprobación, solicitó comentarios del público sobre la propuesta antes del 1 de diciembre. Los cambios podrían entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026, según informó Above the Law.
Expertos en educación legal y en la regulación profesional advierten que la medida podría generar tensiones sobre la independencia académica y la supervisión de la práctica legal. La decisión plantea preguntas sobre si los tribunales deben evaluar directamente la eficacia de las escuelas de Derecho, un rol que tradicionalmente ha estado delegado a la ABA.
En términos prácticos, analistas consultados por Reuters señalan que el cambio podría no modificar significativamente el proceso para rendir el examen de abogacía o para obtener la licencia.
Sin embargo, sí implicaría un traslado de la autoridad regulatoria al tribunal estatal, con el juez presidente Jimmy Blacklock y sus colegas siendo quienes decidan si instituciones como la Texas Southern University Thurgood Marshall School of Law cumplen con los estándares exigidos.
El debate refleja un choque entre la tradición de regulación académica y la supervisión judicial directa, un tema que podría sentar un precedente sobre cómo se forma y evalúa a los futuros abogados en Texas.
La decisión final del tribunal y los comentarios del público definirán si esta norma reformará uno de los caminos profesionales más populares y disputados del estado.