El gobierno de Estados Unidos confirmó la madrugada del 24 de octubre un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe que dejó seis muertos, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El funcionario aseguró en un mensaje difundido en su cuenta en X que la embarcación habría sido operada por el grupo Tren de Aragua y que los fallecidos eran “narco-terroristas” a bordo.
Según la versión oficial, la operación se llevó a cabo en aguas internacionales y fue la primera ejecución nocturna dentro de la campaña naval que la Administración de Donald Trump lanzó en septiembre para interceptar buques dedicados al tráfico de drogas. Hegseth defendió la iniciativa al sostener que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles y comparó su trato hacia esos grupos con la respuesta que se dio a Al-Qaeda tras el 11-S.
El hecho marca, según recuentos periodísticos y líneas temporales públicas, al menos la décima intervención conocida en esta serie de ataques que han sido motivo de creciente polémica y se produce en paralelo a la expansión reciente de las operaciones hacia aguas del Pacífico, lo que supone una notable escalada geográfica de la campaña.
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Organizaciones de derechos humanos, gobiernos de la región y expertos legales han cuestionado la legitimidad y el marco jurídico de las acciones, advirtiendo riesgos de violaciones al derecho internacional y ausencia de transparencia sobre la inteligencia que respalda las afirmaciones.
La campaña ya suma decenas de muertos en distintos episodios y ha generado reacciones diplomáticas y advertencias desde países afectados; algunos gobiernos han catalogado como “muerte” o “uso excesivo de la fuerza” algunos ataques y exigen investigación.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas operaciones son necesarias para frenar el flujo de estupefacientes hacia su territorio y mantener la seguridad hemisférica.
En el terreno, falta información pública clave, evidencia que vincule directamente a las personas en cada embarcación con actos terroristas, el detalle de la inteligencia utilizada y los procedimientos seguidos para garantizar la protección de civiles.
Esa ausencia alimenta la controversia sobre si estas acciones son medidas legítimas de interdicción o un peligroso precedente en política exterior.