El Gobierno del presidente Donald Trump afirma que todos los migrantes indocumentados son "criminales", sentando así las bases para una política de deportaciones masivas que podría afectar a más de 11 millones de personas que residen en Estados Unidos sin estatus legal.
Esta declaración supone un cambio drástico en la narrativa migratoria del país y ha generado un fuerte debate sobre su veracidad y las implicaciones legales que conlleva.
¿Los migrantes son 'criminales'?
Durante una reciente conferencia de prensa, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, sostuvo que todas las 3,500 personas arrestadas esta semana en operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuentan con un "historial delictivo" simplemente por encontrarse en el país de forma irregular.
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Sin embargo, de acuerdo con la legislación estadounidense, residir en el país sin documentación no constituye un delito penal, sino una falta de carácter civil.
Por tanto, es incorrecto afirmar que todos los indocumentados poseen antecedentes criminales. La ley distingue entre la simple "presencia ilegal", que no es un crimen, y otras infracciones más graves, como el reingreso tras una deportación previa, que sí está tipificado como delito.
Persecución judicial
En los últimos años, el Gobierno estadounidense ha intensificado la persecución judicial contra quienes ingresan de manera irregular, con consecuencias significativas para los migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo la separación de familias. Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump instruyó al Departamento de Justicia a priorizar estos procesos.
Aunque la administración de Trump ha publicitado las detenciones realizadas por ICE, proporcionando datos parciales sobre los migrantes arrestados, la información revelada muestra inconsistencias.
Según filtraciones a la cadena NBC News, solo el 52 % de los detenidos en la jornada con más arrestos recientes tenía condenas previas.
Diversos estudios han demostrado que los migrantes, independientemente de su estatus, tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses.
Esto contradice el discurso gubernamental que asocia indiscriminadamente a los indocumentados con la criminalidad, reafirmando que la afirmación del Gobierno de Trump no se sustenta en datos confiables.