Según datos recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, cerca de 1.5 millones de migrantes con órdenes de deportación no están bajo custodia y permanecen en diversas comunidades del país.
En noviembre de 2024, se registraron 1.4 millones de personas con órdenes de expulsión activas, provenientes de 208 países. Entre los países con mayores cifras destacan Honduras, Guatemala, México y El Salvador, mientras que países como China, Qatar y Corea del Norte presentan cifras mucho más bajas.
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El exjefe interino de ICE, Ron Vitiello, destacó que la falta de recursos limita la capacidad de las autoridades para ejecutar deportaciones masivas, lo que ha exacerbado el problema en los últimos años. A esto se suma la dificultad de localizar a los migrantes fuera de custodia, ya que muchos mantienen un perfil bajo.
Además, la repatriación de deportados depende de acuerdos específicos con los países de origen.
Algunos gobiernos, como los de China, Cuba, India, Rusia y Venezuela, han sido acusados de no cooperar plenamente con los procesos de repatriación, lo que contribuye a que un total de 15 países sean catalogados como 'no cooperativos'.
En cuanto a los migrantes, ciertos mecanismos de protección permiten que algunos soliciten asilo, retención de expulsión o amparo bajo la Convención contra la Tortura.
Para mejorar la capacidad de deportación, se han propuesto estrategias como reasignar recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aumentar el espacio de detención y reinstaurar la Iniciativa de Comunidades Seguras.
Sin embargo, estas propuestas enfrentan resistencia en ciudades santuario, que se niegan a colaborar con las políticas de deportación, lo que complica aún más la situación.