En las anteriores columnas he ido abordando la adscripción territorial de las islas del río Bravo. El dinamismo fluvial y, por lo tanto, la formación, cambio y desaparición de estas islas supuso un reto mayúsculo para la delimitación fronteriza entre México y Estados Unidos. En 1970, tras varias disputas, ambos países acordaron en el Tratado de Límites adscribirlas de acuerdo a su localización respecto a la línea media del río: las que se ubican a su derecha corresponden a México, y a su la izquierda, a Estados Unidos.
Esta regla se aplica a todas las islas, salvo en un caso: la isla Morteritos o Beaver island (isla del Castor). Situada aguas abajo de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y Roma, Texas; se encuentra al lado izquierdo de la línea media, por lo que debería estar bajo soberanía estadounidense, pero se cedió a México. Vamos a ver cómo se llegó a ese acuerdo y porqué recientemente Texas la ha reivindicado.
Tras fijarse la línea divisoria en 1852 a partir del canal más profundo del río, la isla Morteritos quedó bajo soberanía mexicana. En ese entonces la isla se encontraba a la derecha de la línea. De forma lenta pero progresiva, la dinámica fluvial fue modificando el canal y con el tiempo la isla quedó situada a la izquierda de la línea. Inconscientes de esta situación, México la consideraba suya. Sin embargo, en 1884 la guardia aduanal estadounidense, viendo que la isla estaba en su lado, incautó el ganado mexicano presente por considerarlo contrabando.
Esto dio lugar a un incidente diplomático entre ambos países. El problema radicaba en la interpretación del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, en el que se establecía el criterio para la delimitación. México entendía que la línea divisoria debía seguir el canal más profundo existente en 1852, mientras que Estados Unidos consideraba que la línea se modificaba al cambiar el canal. La diferente interpretación llevó a la firma del Tratado de la línea fija en 1884, en el que se adoptó la postura estadounidense con matices. De esta forma se reconocía la soberanía de Estados Unidos sobre la isla Morteritos.
El asunto parecía resuelto, pero no se zanjó del todo. El caso es que, al modificarse el canal y, por lo tanto, el trazado de la línea divisoria, un país resultaba beneficiado al ver incrementada su superficie terrestre, y el otro perjudicado al verla reducida. Ambos convinieron que no era justo y que debían compensarse las ganancias y pérdidas. De esta forma, al formalizar el cambio en la línea, la cantidad de superficie de cada país debía ser la misma que originalmente. Cumplir con este requisito no es nada sencillo.
Partiendo de este principio, en 1970 Estados Unidos cedió la isla de vuelta a México, así como otras tierras, en compensación por suelo mexicano que pasó a Estados Unidos. En ese intercambio ambos países se compensaron mutuamente con 194.93 hectáreas, de las cuales 8.22 corresponden a la isla.
Si bien el asunto ahora sí se zanjó, en marzo de este año el gobierno de Texas, a través de una agencia estatal, reivindicó la isla Morteritos. Desconociendo los términos del Tratado de 1970, Texas solicitó al presidente Trump apoyo para reclamarla y terminar con la presencia del crimen organizado mexicano. Previamente, en enero un dron del gobierno de Texas había captado imágenes de personas armadas, presuntamente en la isla. Tras su difusión, el Ejército mexicano y la Guardia Estatal de Tamaulipas se desplazaron ahí para inspeccionarla. Más allá de lo que encontraron, su presencia sirvió para reafirmar la soberanía mexicana sobre la isla. Paralelamente, a los pocos días de la solicitud texana, otra agencia estatal emitió un comunicado afirmando que se trataba de un error. Lo cierto es que el gobierno estadounidense no respondió públicamente a la petición, probablemente al percatarse de que se trataba de una metedura de pata.
A lo largo de las vicisitudes de la isla Morteritos, México y Estados Unidos refinaron el criterio para establecer la línea divisoria en el río Bravo. Lo veremos en una próxima ocasión.