La violencia política de género nació afortunadamente como un escudo para que las mujeres pudieran participar exitosamente en la plaza pública en igualdad de condiciones. Noble causa, sin duda. Pero, como suele ocurrir, hay algunos que han encontrado la fórmula para callar la crítica.
De acuerdo con una investigación de Proceso, el Registro del INE presume 476 sancionados por “violencia política de género”. Sí, cuatrocientos setenta y seis. Y entre ellos aparecen 80 periodistas, directores de medios y columnistas; además de cinco creadores de contenido digital. Es decir, casi 18% de los castigados pertenecen al ecosistema de la prensa. Esto, sin duda es un foco rojo.
Ejemplos los hay. La diputada Karina Barreras, del PT, logró que una ciudadana fuera multada y obligada a pedir disculpas todos los días durante un mes por comentarios críticos.
La gobernadora Layda Sansores consiguió silenciar a Jorge González, director del Tribuna de Campeche, por dos años prohibiéndole que se desempeñe como comunicador.
Y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, acusó de violencia política a un creador de contenido que se atrevió a hablar del presunto desvío de 800 millones de pesos tras el huracán Otis. La creatividad de algunos políticos mexicanos para blindarse no conoce límites.
El mapa de sanciones tampoco es casualidad: Veracruz, Campeche y Tabasco concentran la mayoría de castigados. Coincidencias, dirán algunos. Casualidades, murmurarán otros. Pero en política, las casualidades no existen.
La paradoja es de manual: una figura legal creada para proteger a las mujeres del acoso político terminó siendo una mordaza contra la crítica.
Como recuerda Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, desde 2018 la organización detectó un “incremento exponencial en el uso de herramientas judiciales para acosar a periodistas”. Y lo más preocupante: este 2025, en plena elección judicial extraordinaria, la violencia política de género se usa como comodín electoral, disfrazada de legítima defensa pero operando como censura preventiva.
Nadie discute la necesidad de combatir el machismo político. El problema es cuando se pervierte la norma para blindar a funcionarios de la crítica legítima. En vez de servir de escudo contra la desigualdad, la VPRG se convirtió en espada usada por algunos políticos, contra la libertad.
La violencia política de género corre el riesgo de ser el nuevo disfraz de la censura oficial de algunos políticos.
¿Usted qué opina?