Los sectores productivos nacionales, como los fabricantes de calzado, no piden protección ni beneficios, solo competir en igualdad de condiciones con los importadores. La exclusión del calzado terminado del programa IMMEX es más que un decreto: es una victoria para la industria nacional, un triunfo de la legalidad y un compromiso renovado con un comercio exterior justo y competitivo.
El programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) nació en 2006, producto de la fusión del PITEX y el Programa Maquiladora, con un objetivo muy claro: fomentar las exportaciones mexicanas y hacer más competitivas a nuestras empresas en el mercado internacional. La lógica detrás del esquema es sencilla: permitir a las compañías importar materias primas, insumos o maquinaria sin pagar impuestos ni IVA, siempre que dichos bienes se utilicen en procesos productivos destinados a la exportación.
Un ejemplo clásico lo encontramos en la industria electrónica. Una planta en Baja California puede importar pantallas y microchips desde Asia sin pagar aranceles, ensamblar televisores en México y exportarlos después a Norteamérica. Bajo este mecanismo, México gana competitividad, genera empleos y fortalece sus cadenas globales de valor. El IMMEX, bien utilizado, ha sido un motor del crecimiento para la industria manufacturera y sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial, electrónico y médico.
No obstante, como sucede con muchos instrumentos de política pública, su efectividad depende del uso responsable y correcto. Y aquí es donde la historia del calzado nos deja hoy una importante lección.
El sector zapatero, concentrado principalmente en Guanajuato, Jalisco y el Estado de México, encontró en el IMMEX un resquicio para enfrentar la competencia asiática. Bajo el argumento de mejorar su competitividad, algunas empresas comenzaron a importar calzado casi terminado con beneficios fiscales. El problema es que, en vez de destinarse a la exportación como marca el programa, ese calzado se desvió al mercado nacional. ¿El resultado? Productos importados a bajo costo inundando las tiendas mexicanas, sin pagar impuestos, sin cumplir con el IVA ni con aranceles, y sin generar un verdadero valor agregado en el país.
Las consecuencias fueron graves: cierre de empresas nacionales, pérdida de empleos formales, evasión fiscal y una competencia brutalmente desleal contra los fabricantes que sí producen en México. Para dimensionar la magnitud, basta recordar que en los últimos tres años las importaciones de calzado terminado vía IMMEX pasaron de 3.7 millones de pares en 2022 a más de 40 millones en 2024, sin evidencia de que se hubieran realizado los retornos obligatorios.
Ante esta situación insostenible, las cámaras del calzado alzaron la voz. Por años presentaron denuncias, estudios y evidencias a las autoridades federales, señalando que este uso indebido del programa no solo afectaba a los productores, sino también a los más de 130 mil trabajadores de la industria, que veían sus empleos amenazados por prácticas ilegales.
Finalmente, hace unos días, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el decreto mediante el cual se excluirá al calzado terminado del programa IMMEX. Con contundencia, el funcionario declaró: “Se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos, el arancel de 25% cuando menos”.
Obviamente el anuncio fue recibido con entusiasmo por las cámaras empresariales. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG, lo calificó como un acto de justicia largamente esperado, mientras que la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, CANAICAL, lo definió como un paso firme para defender empleos, combatir malas prácticas y fortalecer el mercado interno. Ambas, afiliadas a CONCAMIN, reconocieron además el respaldo de la Agencia Nacional de Aduanas de México que encabeza Rafael Marín Mollinedo, la Unidad de Inteligencia Financiera y de cámaras hermanas como las de la industria de la moda: la textil y la confección, por su papel en cerrar las puertas a la subvaluación y el contrabando.
Desde la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAAAREM, celebramos también esta medida. En el marco del convenio firmado con CONCAMIN para combatir la subvaluación y el contrabando, hemos reiterado que los agentes aduanales estamos comprometidos con el comercio legal, la transparencia y la seguridad en las operaciones de comercio exterior. La exclusión del calzado terminado del IMMEX es un mensaje claro del Gobierno Federal: se privilegia a quienes producen, generan empleos y cumplen con la ley, frente a quienes se aprovechan de vacíos normativos para obtener ventajas indebidas.
Las aduanas mexicanas juegan un papel crucial en este esfuerzo, y como gremio nos sumamos al llamado para seguir trabajando en la modernización de procesos, la inteligencia de datos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Cada acción que contribuya a frenar la competencia desleal es también una acción en favor del empleo, de la legalidad y de la competitividad nacional.
Hoy, con esta decisión, gana México. Gana el calzado nacional, que podrá competir en condiciones más justas. Ganan los trabajadores, que conservan empleos dignos. Y gana la confianza en que el Estado puede responder con firmeza ante los abusos. El IMMEX seguirá siendo un pilar estratégico para los sectores exportadores, pero su aplicación debe ceñirse al espíritu original: impulsar la producción mexicana.
Experto en Comercio Exterior
@ignaquiz