Primero, es importante definir el problema con claridad. El despojo de inmuebles o aguas no es solo un conflicto privado entre propietarios. Es una acción ilegal que socava la certeza jurídica, despoja a las comunidades de sus medios de vida y, en muchos casos, abre la puerta a la violencia y la desigualdad. Cuando una persona pierde su casa, su tierra o su fuente de agua, lo que se derrumba no son solo muros, sino la confianza en la justicia.
El impacto del despojo es profundo: fomenta conflictos sociales prolongados, alimenta la migración forzada, aumenta la pobreza y erosiona la cohesión comunitaria. No se trata de un delito menor; es un fenómeno que debilita el tejido social y compromete la posibilidad de desarrollo sostenible.
En México, casos como el de la ciudadana Carlota “N” en el Estado de México —que terminó en tragedia tras defender desesperadamente su propiedad— son un recordatorio de que la ausencia de protección legal puede llevar a que la gente busque justicia por su propia mano. En Tampico, vecinos tuvieron que denunciar en redes sociales una invasión, evidenciando que, sin instituciones sólidas, el espacio digital se convierte en la última trinchera.
La iniciativa presentada en Tamaulipas por la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda busca reforzar el marco jurídico con penas más severas y nuevas agravantes. Entre ellas: cuando el despojo afecta a adultos mayores o personas con discapacidad, cuando intervienen servidores públicos, cuando se usan documentos falsos, o cuando ocurre en áreas ejidales, zonas naturales protegidas o bienes del Estado. Las sanciones se elevarían hasta siete años de prisión.
Esta reforma se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, que pide ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, y con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028. La propiedad y el acceso a la vivienda no son lujos: son derechos humanos reconocidos constitucionalmente.
Legislar contra el despojo envía un mensaje claro de que el Estado está del lado de la legalidad, de la paz social y de las comunidades que hoy ven amenazados sus derechos patrimoniales.
Si se quiere frenar la migración forzada, la violencia y la desigualdad, hay que empezar por lo básico: que nadie pueda arrebatarle a otro lo que legítimamente le pertenece.
¿Usted qué opina?