La Ley Aduanera vigente en México data de 1995, pero entró en vigor el 1 de abril de 1996, y aunque ha sido objeto de reformas relevantes, su estructura responde a una realidad operativa que cambia más rápido de lo que la legislación puede adaptarse. A casi tres décadas de su publicación, lo cierto es que la ley se ha transformado de manera fragmentada, respondiendo a eventos políticos, necesidades recaudatorias y coyunturas logísticas, pero no como parte de una reforma estructural que responda a una visión aduanera de largo plazo.
Desde entonces se han contabilizado al menos doce reformas relevantes, incluyendo la automatización del despacho aduanero (1996), la introducción de medidas antifraude (1998), la apertura al despacho directo (2013), la creación de las agencias aduanales como personas morales (2018), que aún no logran comenzar operaciones del todo a causa de la falta de reglas, y una reforma integral de control y sanciones en 2021.
Pese a estas modificaciones, la Ley Aduanera hoy incorpora en su contenido y práctica principios del Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas. Conceptos como la simplificación de trámites, gestión de riesgos, despacho anticipado, uso de tecnologías de la información y facilitación al comercio son ya parte del lenguaje normativo mexicano.
El problema no es que falte una nueva ley, como lo propuso en su momento Ricardo Peralta, al frente de la AGA, sino que la norma siempre va por detrás de la operación real. Mientras la tecnología, las cadenas de suministro y la presión por transparencia avanzan, la ley responde con lentitud, parches y criterios que muchas veces nacen en reglas generales, circulares o resoluciones administrativas que carecen de fuerza normativa estable. En este contexto, cobra relevancia la reciente entrevista al presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Miguel Cos Nesbitt, publicada en la revista Estrategia Aduanera.
Frente al anuncio de una posible reforma a la Ley Aduanera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, Cos destaca un punto clave: el modelo sancionador actual está desequilibrado. A lo largo de los años, el artículo 165 de la Ley ha mutado de unas cuantas causales a un régimen de responsabilidad casi objetiva para los agentes aduanales, extendiendo su alcance hacia responsabilidades que corresponden, por función y por lógica, al importador, transportista o incluso al Estado.
La posición de CAAAREM es clara: no se trata de eludir responsabilidades, sino de distribuirlas conforme al control real que cada actor tiene sobre la operación. Hoy, el importador —quien pacta el precio, el proveedor y las condiciones— no enfrenta consecuencias directas cuando proporciona documentación inexacta o incompleta.
Lo mismo ocurre con los recintos fiscalizados, que operan con un bajo grado de exigencia legal en la custodia y entrega de mercancía, y con los transportistas, actores clave que aún no tienen una responsabilidad normativamente definida a la altura de su papel logístico.
Por ello, la propuesta de CAAAREM apunta a construir un modelo jurídico de corresponsabilidad basado en la trazabilidad, la función material de cada actor y la proporcionalidad en las sanciones. Esta visión, alineada con estándares internacionales, representaría una evolución sistémica para el ecosistema aduanero mexicano. Frente a la posibilidad de una nueva reforma, es válido preguntarse: ¿es necesaria una nueva Ley Aduanera?
La respuesta no está en el cambio de ley por sí mismo, sino en el cambio de paradigma. Una nueva ley solo tendrá sentido si reconoce la complejidad actual del comercio exterior, incluye a todos los actores con responsabilidades claras, y se diseña con una lógica moderna, interoperable, técnica y consultada. De no ser así, estaremos frente a una nueva redacción de viejos problemas. Por eso CAAAREM está trabajando con CONCAMIN y sus distintas Cámaras en una propuesta de reforma integral que fortalezca al sistema aduanero mexicano de cara a la transformación nacional.
Porque al final, el reto no es solo normativo, sino estructural: construir una ley que no solo intente corregir errores del pasado, sino que busque anticipar el futuro del comercio exterior. La Ley Aduanera debe ser un instrumento al servicio del desarrollo, no un obstáculo para la operación.
Y si el gobierno busca una transformación profunda, deberá entender que esa transformación empieza por tomar en cuenta al sector privado, por reconocer la corresponsabilidad de todos los actores y por crear reglas que reflejen la complejidad real de las aduanas y la logística mexicana.